Las negociaciones con el gobierno bonarense quedaron truncas

Se acerca el desalojo y crece la tensión en Guernica

A dos días de la fecha de desalojo establecida por la Justicia, las familias y organizaciones sociales se movilizaron a La Plata para exigir una solución habitacional. Por su parte, organizaciones de DD.HH. presentaron este mediodía un amicus curiae para frenar el desalojo y exigir "instancias de diálogo".

La toma de tierras en Guernica continúa en el centro de las preocupaciones del gobierno de Axel Kicillof. Este fin de semana, los funcionarios provinciales que se acercaron a negociar con los ocupantes denunciaron que fueron rechazados de manera violenta en su intento de acercar posiciones con las 2.500 personas que se encuentran en el lugar. Por el lado de las familias que ocupan los terrenos, se enfatizó en el rechazo a la visita de los representantes oficiales por la falta de propuestas concretas. «Antes de creer las promesas de ustedes prefiero que nos caguen a palos», sostuvo al medio Resumen Latinoamericano una de las personas que resiste el desalojo.

La tensión escala a medida que se acerca la fecha del desalojo, que por orden judicial se encuentra dispuesto para este jueves 1º de octubre. En ese marco, familias y organizaciones sociales se movilizaron ayer a La Plata para exigir una solución habitacional de fondo al conflicto. Horacio, uno de los ocupantes, explicó en diálogo con la radio Raíces Rock: «Estamos hace dos meses y hasta el momento nadie se presentó con un título de propiedad a decir yo soy el dueño. Sí saltó la empresa Bellaco S.A., pero en la causa judicial no presentaron nada que acredite que son los dueños de las tierras».

En este marco, 22 organismos de Derechos Humanos se movilizaron hoy al Obelisco en el marco de la presentación de un recurso de amicus curiae para frenar el desalojo. Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Elsa Pavón, Marcela Ledo (Madres de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquivel y Sergio Maldonado presentaron el recurso con el apoyo de referentes políticos y sociales al juez Martín Rizzo, actuante en la causa por la toma de Guernica, con el objetivo de manifestar su rechazo al desalojo y asentar el reclamo por  «instancias de diálogo desde sectores de la administración para encontrar una solución».

El eje del conflicto está puesto ahora en la intervención contra reloj del gobierno bonaerense, que logró aplazar los tiempos de la Justicia pero que ahora se ve empujado a tomar una decisión. Desde la Provincia se censó a las familias y se obtuvo la información que arroja que en predio se encuentran 1.904 grupos familiares o personas adultas solas. El número obtenido por la administración de Kicillof arroja un total de 2.797 niños, niñas y adolescentes. De la población total 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y 20 otros (jubilados / pensionados / discapacidad). Respecto a las razones por las cuales llegaron a los terrenos, 1.544 personas alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.

La tensión entre las familias y el gobierno provincial alcanzó su pico máximo el fin de semana cuando algunas familias rechazaron a la comisión negociadora encabezada, entre otros, por el líder del Partido Piquetero, Juan Marino. La discusión consiste en que el gobierno bonaerense insiste en que habrá una solución habitacional luego de que se desaloje el predio, pero las familias y organizaciones exigen un compromiso por escrito que respalde este planteo. «Ofrecieron electrodomésticos o plata. Ellos no quieren un desalojo violento pero no dan soluciones de fondo. Pero sabemos que si va a haber un desalojo va a ser violento, conocemos a la Policía que reprime en nuestros barrios y no va a ser algo pacífico», explicó Horacio.

Desde el gobierno bonaerense sostienen que si entregan las tierras a los ocupantes sentarían un precedente para nuevas ocupaciones. Asimismo, sería un gesto para organizaciones opositoras al oficialismo, quienes comandan la ocupación, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) o el Polo Obrero.

En medio de la tensión fue baleado por oficiales de la Policía Bonaerense Leandro Matías Sánchez, militante de 21 años de la CTD Aníbal Verón, quien resultó gravemente herido. «Estamos recibiendo constantemente acoso policial. No pueden ingresar mercadería porque nos la rompen, no podemos pasar bicicletas o motos. Ni siquiera podemos pasar leña para el fuego en estos días que las familias se mojaron todas por la lluvia. No nos dejan pasar camiones con las donaciones», explicó Horacio.

La situación se acerca a sus horas definitorias y la respuesta del gobierno provincial será una evidencia de la capacidad de Axel Kicillof y sus funcionarios de lograr una respuesta frente a la problemática de vivienda en el conurbano.

 

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