El país en llamas por el agronegocio. Cientos de miles de hectáreas arden al compás de la voracidad de un pequeño grupo de terratenientes, desarrolladores inmobiliarios y ganaderos que buscan extender la frontera productiva a cualquier costo. Y, mientras tanto, el país se prende fuego. Movilizados por las imágenes que muestran a las víctimas de los incendios, desde El Grito del Sur nos contactamos con Federico Barrera Oro, guardaparque nacional, quien está en el límite de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, combatiendo las llamas que arrasan con todo a su paso.
«Además de los daños ecológicos irreparables hay una infinidad de familias con chicos evacuados. La gente viene a golpearnos la puerta a pedir que vayamos a apagar el fuego. Hay muchas personas mayores evacuadas. A eso se le suma la contaminación producida por el humo. Hay estudios que demuestran que el aire en Rosario está cinco veces más contaminado que lo normal, algo que perjudica a las personas con problemas respiratorios», explica Barrera Oro.
El escenario es escalofriante. Los fuegos intencionales ya dejaron más de 180 mil hectáreas arrasadas solo en la provincia de Córdoba, uno de los principales focos. De hecho, un grupo de ambientalistas promueve una denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti para que se investiguen sus responsabilidades y las de sus funcionarios al no haber actuado a tiempo frente a los incendios forestales. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) aseguró que el gobernador «es el único responsable de decidir el requerimiento de auxilio de otras jurisdicciones en materia de Bomberos Voluntarios y tecnología de extinción de fuegos, previa declaración del estado de emergencia Amarillo o Rojo».
Barrera Oro explica que la situación se agravó al calor de la impunidad que gozan los autores materiales. «La poca gente detenida no ha sido procesada, las causas se han archivado. Es un desastre lo que viene sucediendo en la zona». Y agrega: «La ley de bosques separa el territorio en tres colores, dependiendo de la biodiversidad de esos bosques o ambientes: verde, amarillo y rojo. Según esa clasificación, se prohíbe el uso de algunas zonas para agricultura o ganadería. Lo que están haciendo es prender fuego esas zonas boscosas para que pasen a color verde y sean tierras a producir».
A su paso, quedan ambientes arrasados que no se recuperan jamás: bosques que tardan unos 300 años en recuperar su biodiversidad, monte marchito y especies muertas. A cambio, se vienen terrenos para la agricultura, la ganadería y grandes emprendimientos inmobiliarios. Invisibilizados por la opinión pública, quedan los y las trabajadoras que combaten la voracidad del fuego. «Con los compañeros estamos arriesgando las vidas, hay llamas gigantes con ráfagas de viento. Los bomberos voluntarios no tienen ni siquiera ART. Los brigadistas cobran 25 mil pesos por mes haciendo jornadas de 15 horas. Pedimos que la Justicia se haga cargo, a nivel nacional y provincial. Y que las personas que están involucradas en esto paguen las consecuencias».
«Estamos comprando todas las fichas para que la próxima pandemia ocurra en nuestro país»
La semana pasada, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que busca reformar la ley 26.815 del Manejo del Fuego y que pretende evitar la especulación con los terrenos incendiados. La propuesta, acompañada por todos los bloques políticos con excepción de Juntos por el Cambio, dispone que por el término de 60 años no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. La iniciativa marca una creciente preocupación política por el abordaje serio en materia de ambiente. Sin embargo, el daño ya está hecho: «Cuando el Río Paraná vuelva a crecer va a arrasar muchísimos lugares poblados, ni hablar de la contaminación atmosférica. Y la única forma de evitar que esto se vuelva a producir es que haya culpables y que tengan la máxima multa posible o se los procese», explica el guardaparque.
Mientras los incendios persisten, las voces que exigen reparaciones se levantan. «Queremos que se haga justicia por las personas fallecidas en incendios intencionales, por los daños a las casas y por poner en riesgo la vida de tanta gente», sentencia Barrera Oro.
