Militantes antiderechos han escrachado o presionado a diputades que se manifestaron a favor del proyecto de ley que legaliza el aborto, que se trata en comisiones esta semana y se podría aprobar la semana que viene. En ese marco, integrantes de la Cámara Baja resolvieron crear una comisión de abogados penalistas para proteger la libertad de expresión de los legisladores y las legisladoras frente a las reiteradas agresiones e intimidaciones celestes que intentan comparar la interrupción del embarazo con un genocidio.
El sábado pasado, organizaciones antiderechos realizaron una marcha en contra de la legalización del aborto en distintos puntos del país. Allí un grupo celeste escrachó la panadería que tienen en la provincia de Entre Ríos los padres de la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard. El frente del local tenía carteles que decían “Aborto es muerte” y durante cuatro horas se distribuyeron volantes con la foto de la legisladora acusándola de haber votado en 2018 “a favor del genocidio del aborto” junto con una imagen escabrosa.
“Lamento todos los escraches y repudio todos los escraches, no solamente el que se hace contra mi persona en el local de la panadería de mis padres, sino también el que le hicieron a otras diputadas y diputados de la Cámara”, dijo Gaillard en diálogo con El Grito del Sur.
La diputada -presidenta de la Comisión de Legislación Penal del Congreso- denunció el escrache a través de sus redes sociales. “El escrache a la panadería de mis padres en mi pueblo por mi posición respecto al aborto legal no solo muestra una actitud violenta sino profundamente antidemocrática”, expresó en su cuenta de Twitter.
Unos días antes, la furia celeste se descargó contra la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Laura Russo. Un grupo de cerca de 70 antiderechos se apostaron afuera de la casa de la legisladora en la localidad de Escobar con bombos, cantos y una pancarta gigante con el mensaje “Laura Russo, escuchá ya al pueblo. Aborto es genocidio”.
A pesar de las acusaciones de “genocidio”, los antiderechos suelen llevar pancartas con esvásticas e incluso han contado con la presencia del dirigente neonazi y excandidato a presidente, Alejandro Biondini. Durante la marcha del último fin de semana, además, exhibieron un Falcon verde con la pintada “Sí a la vida” en la localidad de Tandil.
A la movilización también se sumó la persecución y hostigamiento a legisladores y legisladoras en las afueras del Congreso. El lunes, el diputado mendocino José Luis Ramón fue insultado e incluso golpeado por militantes celestes cuando estaba por cruzar Avenida Rivadavia. En 2018, Ramón votó en contra del proyecto presentado por la Campaña por el Aborto Legal y recientemente confirmó que mantendrá la misma postura en el recinto.
“Creo que cuando se dan este tipo de debates (sobre el aborto) tienen que ser en el marco del respeto -señaló Gaillard-. La democracia se fortalece con debate, no con violencia e intimidación y lamento mucho que haya personas que consideran que de esta manera van a lograr su cometido. Esa nunca es una vía aceptable así que la repudio”.
Hace poco más de una semana, otro grupo de antiderechos organizó un escrache en el domicilio particular del diputado radical Facundo Suárez Lastra. A través de Facebook, simpatizantes celestes publicaron la dirección de la casa del legislador donde se congregaron para cortar la calle, entonar cánticos “a favor de la vida”. Suárez Lastra había adelantado que está a favor de la legalización del aborto.
A pesar de que las legisladoras y legisladores agredidos recibieron expresiones de solidaridad de prácticamente todo el arco político -en especial de aquellos identificados como “verdes”-, la Cámara de Diputados anunció la creación de un grupo de abogados y abogadas penalistas que defenderán a los legisladores presionados –estén a favor o en contra de la IVE—, a fin de garantizar “la intimidad y la libre decisión” de todos los integrantes de la Cámara.
Aunque todavía no se confirmó quiénes integrarán ese equipo de abogados, el comunicado de prensa emitido por la Cámara Baja indica que el objetivo es “garantizar la libertad expresión, pensamiento y debate de cada uno de los diputados y diputadas de este cuerpo legislativo, frente al tratamiento de temas tan sensibles e importantes para nuestra sociedad”.
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