Una historia en particular sirve a veces de espejo de otras miles. “R”, cuyo nombre completo está resguardado en un expediente judicial, es una mujer de mediana edad, peluquera y podóloga de oficio, madre de un hijo varón con trastorno general del desarrollo y del habla y con epilepsia. “R” perdió su trabajo en plena pandemia, a fines de marzo. Durante largos meses, cada mediodía, hizo fila frente a la iglesia de su barrio con un tupper vacío que una vez lleno servía en su casa. La cena la preparaba con lo que recibía de los bolsones de comida que hasta hoy reparten las organizaciones civiles. No fue hasta que medió una cautelar que el Estado –en este caso, el Ejecutivo porteño– accedió, obligado, a ofrecerle una ayuda económica, a fines de octubre.
Ese tipo de trastornos –si se les puede llamar así– fueron cosa cotidiana durante toda la cuarentena para las personas con discapacidad, el 5 por ciento de la población según el último censo. Todo fue una lucha: para conseguir medicamentos en la Provincia, por ejemplo, personas con movilidad reducida tuvieron que recorrer varios municipios en busca de un hospital que los tenga y pelearse con la Anses y la burocracia del programa federal Incluir Salud. Estudiar desde casa conllevó la imposibilidad de adaptarse a aparatos no adaptados ni adaptables, eso para quienes los tienen y no necesitaron que les prestasen datos para conectarse. Las pensiones no contributivas, las mismas que el gobierno de Mauricio Macri había comenzado a recortar en 2016, no volvieron a entregarse, por más trámite que se hiciera y pese a que un fallo judicial, como en el caso de “R”, obliga al Estado a entregarlas en tiempo y forma.
“La pandemia y la cuarentena para las personas con discapacidad fueron un desastre, un tormento, hubo muchas situaciones de gravedad que no se resolvieron. Nuestro trabajo fue desde el primer día pasar como se pueda este año y evitar un mal mayor, y eso hicimos por ejemplo cuando las camionetas que dejaron de trasladar personas a centros de rehabilitación, que estuvieron cerrados, comenzaron a entregar bolsones de comida en las casas. Pero el Gobierno no tuvo la misma respuesta, no estuvo a la altura de la situación. Nosotros entendemos el momento difícil que atravesó el país y las dificultades y el esfuerzo que se hizo en Salud y en la contención en general, pero con las personas con discapacidad siempre hay un pero, una traba, una discriminación. Se vio claramente cuando dejaron de entregar pensiones que para muchas familias eran una salida de supervivencia”, describe Pablo Molero, responsable de la Comisión de Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y coordinador del Foro para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En respuesta a esa situación, marcharon esta mañana a Plaza de Mayo, como lo hacen cada 3 de diciembre –día de la discapacidad–desde 2018: llevaron sillas de ruedas vacías y globos negros con la leyenda “Basta de ajuste”. Frente a la Rosada leyeron un pliego de reclamos que incluyó reponer las pensiones “que han sido solicitadas y no tienen definición”; la entrega de los medicamentos a través de los programas federales, que no funcionan; y un “aumento urgente del 40 por ciento” de los salarios de los profesionales que cuidan y rehabilitan personas con todo tipo de discapacidades dentro de lo que se conoce como “Sistema Único de Prestaciones”, que va desde el transporte y la rehabilitación al acompañamiento terapéutico y la educación.
El reclamo cobra sentido nada más con mirar las propias estadísticas oficiales. La última es del 23 de noviembre y dice que el 2,9 por ciento de los casos de Covid en el país a esa fecha “correspondían a personas con discapacidad”. El número desnudo es 18.986 casos, con una salvedad: el Ministerio de Salud sólo puede contabilizar a las personas que tienen su certificado oficial, no al total de las personas con alguna discapacidad, muchas de las cuales no lo tienen. Pero el dato más alarmante tiene que ver con la tasa de mortalidad. Mientras que el porcentaje de la población sin discapacidad que contrae la enfermedad y fallece es del 2,2 por ciento, entre las personas que sí tienen discapacidad la tasa es del 7 por ciento. Una diferencia de casi 5 puntos.
“Es necesario reconocer que la letalidad por COVID-19 entre las personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad es altamente mayor a la población total de casos a nivel nacional, reafirmando la consideración de población en situación de riesgo mayor que el resto en el marco de la pandemia”, afirma la propia Agencia de Discapacidad de la Nación. Para Molero, esa “consideración” no sucedió, salvo en casos puntuales. “No se hizo nada para solucionar la entrega de medicamentos a gente que no podía trasladarse. También, como le pasó a todo el mundo, muchas personas con discapacidad dejaron de tratarse en hospitales públicos por miedo a contagiarse, y tampoco se pensó una política específica para eso. Después, en algunos casos sucedió que alguien del núcleo familiar se quedaba sin trabajo y por ende sin cobertura de las obras sociales, aunque hubo algunas que decidieron sostener la prestación igual. Y salvo algunas gestiones del PAMI que fueron buenas, por ejemplo sostener la distribución de comida y medicamentos a algunos como hogares, como lo hizo también con los geriátricos, no tuvimos una política pública a la altura”, resume.
En el debe, queda además el salario que pagan los Estados provinciales, de los y las profesionales del sistema de prestaciones. Se trata de kinesiólogos, psicólogos, terapistas varios, fonoaudiólogos y psicopedagogos que son la contención cotidiana de miles de personas y a quienes les ofrecieron un 10 por ciento de aumento “vergonzoso” a cobrar recién en marzo del año que viene, luego de todo un año sin un solo incremento salarial. “Lo que pedimos es que se nos escuche, que tratemos de cerrar este año sin mayores problemas y empecemos a recomponer la situación de un sector y se dejen de lado ciertos prejuicios”, señala Molero.
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