Con calor, panes dulces apareciendo en las góndolas y la posible llegada de la vacuna, el Congreso inició este martes 1 de diciembre el debate por la legalización del aborto. Aunque se esperaban solo dos jornadas de exposiciones Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), anunció que se agregaría una más al día siguiente.
La tercera ronda contó con 21 invitades, que se sumaron a los 50 originales, conservando la paridad de posiciones a favor y en contra. La sesión inició a las 11 am con las palabras de Mariana Romero, investigadora del CONICET, quien explicó que en los lugares donde se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, como Uruguay o la Ciudad de México, el número de IVEs se amesetó. «¿Por qué esperaríamos un comportamiento diferente en Argentina? Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización del aborto contribuye en ese sentido». «Regular la IVE nos va a permitir que se fortalezca la estandarización de servicios promoviendo prácticas seguras y de calidad, acordes a los últimos avances del sistema científico», aseveró.
Por la tarde, se escucharon voces disidentes al proyecto como la del pastor evangelista Jorge Sennewald, quien adujo que el aborto no se trataría de una cuestión de salud pública porque el embarazo no es una enfermedad y que cuidar la salud es precisamente no matar. “No podemos reparar una muerte con otra muerte y menos desde el Estado”, aseguró. Además explicó que el debate del 2018 había despertado una “mayoría celeste” en todo país mucho más representativa que a la minoría verde, encapsulada en la Capital Federal y parte de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, Sennewald se refirió a las manifestaciones antiderechos del último domingo en las cuales se vio un Falcon verde con la consigna “Sí a la vida”. “Dios es el único que puede decidir entre la vida y la muerte. No se metan en el camino de Dios… les pedirá cuentas», finalizó.
En representación de los pañuelos verdes, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud del Municipio de Quilmes, Soledad Bustos, puso énfasis en que “acceder a un aborto en condiciones dignas no puede depender del código postal de la persona gestante” y aseguró que los derechos debían ser conquistados por el pueblo sin depender del gobierno de turno. «El acceso a la salud integral no puede ser un mero privilegio de municipios o provincias que tengan gobernantes con perspectiva garantista, sino que es un derecho humano que nuestro Estado pueda garantizar de una vez y para siempre». Además recalcó que la gran mayoría de las personas gestantes que son acompañadas a realizarse abortos en el primer nivel de atención obtienen métodos anticonceptivos.
Un aporte importante fue el de Edith Marleaena, de la comunidad Guaraní de TGN de Tartagal (Salta), quien remarcó que el sistema de salud excluía a las personas gestantes de los pueblos originarios desde el momento en el cual no tenía en cuenta las diferentes lenguas. Esto no solo dificulta el acceso a la información, sino que lleva a que se posterguen las consultas y se agraven los casos. “Recurrir a un aborto siempre va a ser por fuera del sistema de salud sabiendo que en el hospital lo único que se encuentra es el rechazo y la discriminación”. Ante la pregunta de que si consideraba que decir que la campaña del aborto era “de burguesas”, como se dijo durante el debate, respondió: “todas estas formas vienen a seguir discriminando a las mujeres de bajos recursos. Las mujeres ricas o bien remuneradas se siguen haciendo abortos, solo que (nosotras) estamos en una situación de desigualdad”.
Luego de terminadas las exposiciones, fue el turno de los y las diputadas de dar su postura sobre la ley. Entre quienes tomaron la palabra estuvieron Juan Carlos Alderete, Mara Brawer y Gabriela Estévez. En su turno, Brawer dijo que era necesaria la ley para terminar con la hipocresía que sojuzga a las mujeres y que el impulso del Ejecutivo era fundamental. “Hoy, a diferencia del 2018, no se trata de un Estado observador que mira el debate como se mira una discusión en la TV pública. Estamos frente a un Estado presente que escucha, que tiene sensibilidad hacia las mujeres que sufren”. Respecto a los argumentos antiderechos de fomentar la adopción en vez del aborto, la diputada del Frente de Todos opinó: “no puede ser una propuesta obligar a una mujer a continuar un embarazo por 9 meses. No conozco a ninguna de las mujeres y de los varones que proponen continuar el embarazo y darlo en adopción que lo piense para sí mismas y para sus hijas”. Para finalizar, la cordobesa Gabriela Estévez aseguró: “Si queremos hablar del empoderamiento de las mujeres y disidencias tenemos que considerar la posibilidad y responsabilidad de cada una de las personas gestantes de construir nuestro proyecto de vida, y para eso que tiene que estar siempre el Estado acompañando, sea cual sea la decisión que esta persona tome”.
Las jornadas de exposiciones de los diputados y las diputadas continuarán el viernes a la mañana y a la tarde.
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