Si hay algo que quedó en claro con la pandemia y la (aún incipiente) post-pandemia es que las consecuencias de nuestra (mala) relación con el medio ambiente y el abuso de los recursos naturales dejaron de ser un paisaje lejano para convertirse en una realidad urgente. El año pasado Argentina tuvo el mayor pico de incendios desde 1999 con 1.106.621 hectáreas quemadas, lo que representa el 0,29% de su territorio y 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El 57% de los incendios se concentraron en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, y hasta octubre ya se habían contabilizado 37 mil focos en el Delta del Paraná. Del total de incendios, el 95% fueron intencionales. Además, Greenpeace sostuvo que durante la cuarentena obligatoria se talaron 48.656 hectáreas de bosques nativos sólo en el norte del país.
La gravedad de este panorama, que tiene intrínseca relación con la expansión de enfermedades zoonóticas como el Covid, fue denunciado por miles de jóvenes que se ven como les principales damnificades por las consecuencias a largo plazo y exigen al Gobierno que la conciencia individual tenga su correlato en políticas públicas. Uno de estos reflejos es el proyecto de ley de Educación Ambiental, la primera propuesta a tratarse en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados en febrero.
La ley de Educación Ambiental forma parte del Plan de Políticas Ambientales presentado por Alberto Fernández el año pasado y trabajará con el diagnóstico y la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental de alcance estatal y privado con el fin de generar conciencia sobre la relación con la naturaleza y garantizar el derecho a un ambiente sano contemplado en la Constitución Nacional. Además, estos contenidos serán integrados a la educación superior y el Instituto Nacional de Formación Docente y difundidos a través de los medios masivos de comunicación.
«Esta ley es importante porque empieza a sentar las bases de transformación de la política publica. Siempre decimos que cada uno puede mitigar el daño que le hacemos al planeta pero lo cierto es que cien empresas globales emiten el 70% de los gases de efecto invernadero del mundo, entonces lo que se necesita no es sólo actitud individual, sino también regulación estatal», contó a El Grito del Sur el diputado nacional Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente que, al igual que la de Presupuesto, ya dio dictamen al proyecto. «La ley se puede articular con las organizaciones sociales porque los cartoneros y las organizaciones de la agroecología pueden aportar experiencias para que los y las estudiantes reflexionen y complejicen sus procesos de aprendizaje», sumó el referente del Movimiento Evita.
Nicolás Gallardo, integrante de Jóvenes por el Clima, también habló con este medio del tema: “La ley de Educación Ambiental es muy importante por dos razones: por un lado, porque no hay duda de que tenemos que realizar un cambio cultural y generacional y para eso hay que reapropiarnos de nuestra relación con la naturaleza, pero sobre todo para poder idear respuestas del futuro.» “Nuestra generación y las siguientes son las que van a vivir las consecuencias del cambio climático; por ende, para hacer frente a eso y ser creativos en las soluciones necesitamos pensar un poco más en nuestra interacción con el ambiente y con la naturaleza, más que nada en grandes conglomerados urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», agregó.
La ley de Humedales comenzó a ser discutida el año pasado en Diputados, pero el lobby inmobiliario frenó su sanción y volvió a estacionar una propuesta que ya había perdido estado parlamentario en los años 2013 y 2016 luego de haber obtenido la media sanción en el Senado. Si bien la Argentina tiene una legislación ejemplar en materia ambiental, esto no queda plasmado en la realidad: según un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, entre el 2017 y 2019 el 20% de los fondos del Programa Acciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego quedaron sin ejecutar; y en octubre del 2020 aún restaba utilizar el 46% del presupuesto anual. Además, el monto asignado para luchar contra los incendios tuvo una caída constante en los últimos cuatro años pasando del 0,01% del presupuesto nacional en 2017 al 0,003% en 2021. “Esta ley (de Educación Ambiental), como todas las leyes ambientales, debe estar acompañada de un financiamiento y una implementación adecuadas. Argentina tiene una gran legislación a nivel ambiental pero muchas veces no se logran los objetivos planteados. Lo que está faltando ahí no es la ley sino una voluntad política de aplicarlo. Se necesita una estructura para que la ley de Educación Ambiental sea federal y se cumpla en todos lados”, aseveró el joven activista. “Muchas veces en materia ambiental ponemos toda la carga sobre el pueblo y no es así. Tenemos un Estado y unas empresas que son las que tienen que realizar esa transición energética y productiva. No es suficiente con sancionar una ley de Educación Ambiental y olvidarse. Las acciones se necesitan hoy porque las consecuencias del cambio climático ya llegaron”.
Entre las millones de personas que se llevó el coronavirus en el año 2020 estuvo Fernando “Pino” Solanas, cineasta, político y activista ecologista. Pino fue uno de los primeros en hablar de las consecuencias del desastre climático y realizó películas como «Tierra sublevada» (2009 y 2010), “La guerra del fracking” (2013) y “Viaje a los pueblos fumigados”(2018). Tanto como diputado y senador impulsó propuestas en la materia, entre ellas la presentación de la ley de Humedales de 2016. Es por eso que la iniciativa que ya tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Presupuesto lleva el nombre del ex embajador argentino en la Unesco. Según Grosso, la ley presentada por el Ejecutivo tiene el consenso de los diferentes bloques y se espera que sea sancionada pronto por unanimidad.
Si bien rescata los antecedentes históricos, Nicolás Gallardo coincide en que fue el núcleo concentrado en la juventud el que logró que la ecología esté en agenda. Sin embargo, el integrante de Jóvenes por el Clima asegura que ahora falta implementar la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas ambientales y explica que les jóvenes no fueron parte de la redacción del proyecto de ley. “Hoy todavía no está aceitado el proceso donde las leyes o los planes de gobierno se piensen con todos los actores sociales. La realidad es que la juventud no participó de la redacción de educación ambiental, falta eso sino las leyes no llegan a implementarse y no tienen éxito”, finalizó.
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