Buscan sancionar una ley contra la Violencia Institucional

«El desafío es construir fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos»

Con el impulso de Paula Penacca, Leonardo Grosso y Hugo Yasky, la bancada del Frente de Todos busca dar el debate en la Cámara de Diputados para una Ley Integral contra la Violencia Institucional. "El proyecto pretende dar respuesta por parte del Estado a las décadas de lucha contra la violencia institucional y que constituye indudablemente una deuda de la democracia", explicaron a El Grito del Sur.

Mediante una videoconferencia que contó con la participación de organizaciones sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil y funcionarios de organismos estatales que trabajan en el área, como el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, diputades del Frente de Todos presentaron un proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional. La propuesta fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky y el diputado Leonardo Grosso. «Este proyecto pretende otorgarle un marco normativo a una serie de políticas públicas que den una señal inequívoca desde todo el arco político con representación en el Congreso de la Nación: el Estado argentino no está dispuesto a tolerar más violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de sus fuerzas policiales y de seguridad. Se trata, ni más ni menos, que de una posición ética y política por parte de un Estado. De un nuevo consenso democrático plasmado en una ley», explica Penacca a El Grito del Sur.

Dolly Sigampa, madre de Ezequiel Demonty. Foto: Nicolás Cardello

El proyecto -según cuentan sus impulsores- surge a partir de los diversos conflictos que empezaron a identificarse durante la pandemia, cuando empezó a recrudecerse la violencia institucional, y «la necesidad de construir herramientas un poco más estructurales» para enfrentar esta situación. En este sentido, el referente del Movimiento Evita y militante de los derechos humanos, Leonardo Grosso, plantea: «El desafío que nosotros tenemos con este proyecto es resolver una deuda histórica que tiene la democracia argentina, que es construir fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual».

El principal objetiva de la propuesta legislativa es prevenir y disminuir considerablemente la cantidad de casos de violencia institucional. Para ello propone: crear un Programa Nacional de Asistencia en Formación, Capacitación y Re-entrenamiento en Derechos Humanos y en Regulación del Uso de la Fuerza para profundizar los conocimientos de les integrantes de las fuerzas en materia de derechos humanos; habrá centros de denuncia para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales y de servicios penitenciarios; la armará un Registro Nacional de Violencia Institucional; se definen reglas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en concentraciones o manifestaciones, poniendo especial énfasis en la protección de les manifestantes, incluyendo la prohibición de que les agentes porten armas letales y obligando a que estén identificades, y se suma también el resguardo a la actividad de periodistas que cubran dichas manifestaciones públicas.

Por último, se refuerza el derecho de las víctimas a acceder a un acompañamiento psicosocial, a una asistencia jurídica integral, y fundamentalmente habilita la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo para obtener una reparación económica cuando un hecho derivará en el homicidio o desaparición forzada de una persona, cuyo trámite deberá iniciarse ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En concreto, «el proyecto de ley pretende dar respuesta por parte del Estado a las décadas de lucha contra la violencia institucional y que constituye indudablemente una deuda de la democracia; que fue fundada sobre un enorme pilar: el repudio generalizado al terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura cívico-militar», explica la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior. Y agrega: «Es central que el Estado se haga cargo de las consecuencias del accionar ilegal de las instituciones en las que delega el uso de la fuerza, por eso es muy importante proponer en este proyecto la reparación integral a las víctimas y sus familiares».

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en la 5ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Foto: Nicolás Cardello

A pesar de una fuerte política de memoria y derechos humanos construida durante las últimas dos décadas, las torturas, detenciones arbitrarias, casos de gatillo fácil y desapariciones forzadas de personas han continuado siendo moneda corriente aún luego del retorno a la democracia en el ’83 y sin importar el signo político de turno. «No es un problema del kirchnerismo, del macrismo, del peronismo, del radicalismo. No es un problema de los gobiernos que hubo, es un problema de la democracia», sostiene Grosso y retoma: «Las fuerzas de seguridad fueron formadas en la dinámica de la Doctrina de Seguridad Interior, con el “enemigo interno”, que al principio era la izquierda subversiva y después se trasladó a los pibes pobres. Por eso hablamos de violencia institucional y no de gatillo fácil. No son hechos hay aislados».

Sobre este último punto fueron consultades también les diputades ya que, aunque la violencia institucional tiene distintas aristas, en la mayoría de los casos quienes son víctimas de estas prácticas son jóvenes de los barrios populares de la Argentina. Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Kiki Lezcano, Ezequiel Demonty, Kevin Molina, Nehuén Rodríguez, Pablo Kukoc, son apenas algunos nombres de la larga lista de pibes asesinados por la policía. «La violencia institución es un problema muy complejo, multicausal, no se podría definir de una sola manera. Pero hay algo que la atraviesa y tiene que ver con los prejuicios que anidan en nuestra sociedad, que es una sociedad que discrimina, expulsa y excluye a un sector de la población. En particular los jóvenes, en su mayoría varones pobres de los barrios humildes, son los que se han construido como los peligrosos. La idea de “pibe chorro” existe en la sociedad y prejuzga a alguien antes de que haya una acción en el medio», analiza el diputado Leonardo Grosso.

«Les jóvenes se constituyen como el sector más empobrecido, con sus derechos vulnerados y sin acceso al trabajo. Pero el discurso que se impregna en la sociedad en general y en las fuerzas de seguridad también, es que esa situación que padecen les jóvenes es una situación elegida. Se construye así un discurso de odio hacia elles por representar el rostro de la inseguridad», suma Penacca.

Luego de cuatro de macrismo donde la política de seguridad, encabezada por la entonces ministra Patricia Bullrich, se enfocó principalmente en una mirada punitiva y represiva que terminó acrecentando el discurso de mano dura y avalando procedimientos como la «Doctrina Chocobar», este proyecto de ley viene a reparar al menos una parte de esa enorme herida social que a diario se carga la vida de pibes y pibas pobres de nuestro país. «No va a ser la panacea de la solución de todos los problemas o todas las causas del gatillo fácil y la violencia institucional en la Argentina, pero sí va a ser una herramienta para nivelar el poder entre las víctimas y los victimarios, y empezar a constituir en la órbita del Estado a la violencia institucional como un problema de Estado», aclara el militante del Movimiento Evita y quien supo ser una de las principales referencias de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

Foto: Nicolás Cardello

De todas formas, «nunca dejaron de existir las campañas en pos de una seguridad cifrada en la lógica de ley y orden, que siembra el miedo e instala la mano dura como respuesta a todos los problemas sociales. Los discursos del odio fogoneados desde algunos sectores políticos con el objetivo de dividir a la sociedad e instalar el individualismo como forma de vida no cesan y por momentos generan condiciones para que existan los abusos policiales y la violencia de las fuerzas de seguridad» -advierte la militante de La Cámpora-. «Es por ello que debemos dar una discusión profunda y honesta desde todo el arco político para poder desterrar por completo la violencia institucional, desde prácticas ilegales y arbitrarias hasta rutinas, y formas de proceder no necesariamente por fuera de la legalidad pero que constituyen prácticas violentas a veces respaldadas normativamente», propone.

Estando aún entonces en un contexto donde conviven fuertes y confrontativos discursos que se disputan el sentido común para buscar respuestas y soluciones a este problema, Paula Penacca identifica algunos de los desafíos que se presentan al encarar este debate y trae algunas reflexiones: «Los hechos de inseguridad existen y tenemos que abordar esa problemática desde distintas aristas, garantizando la presencia del Estado en el efectivo ejercicio de los derechos de todos los argentinos y las argentinas, el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al trabajo, y también el derecho a la seguridad. Creemos que esa seguridad debe ser efectiva, de cercanía, con el eje puesto en la investigación del delito y en la prevención, y deben sus efectivos tener un desempeño profesional, garantizando un trato digno y respetuoso a todos los ciudadanos y ciudadanas, teniendo como principio fundamental el respeto a los derechos humanos. Estamos convencidos que la erradicación de la violencia institucional aporta en la construcción de una seguridad democrática, que es la seguridad que la ciudadanía necesita».

Una de las tantas preguntas que surgen entonces es cómo combatir y deconstruir un comportamiento enquistado en la formación y en la estructura de las fuerzas de seguridad de nuestro país. «Hay herramientas muy concretas: la formación de las fuerzas de seguridad y el control civil de las fuerzas es central, la capacidad de generar estructuras de denuncia y acompañamiento de esos juicios, porque el Poder Judicial siempre es cómplice de esa violencia institucional y apaña muchas veces a los abusadores de su poder, como en estos caso serían los y las policías», ensaya Grosso a modo de respuesta. Y concluye: «Para nosotros es muy importante el registro de casos, tener estadísticas para desarrollar políticas públicas es fundamental. La posibilidad de querellar de las familias y a ser acompañadas en esa querella. Y después hay que pensar algunas cosas más que no están en el proyecto de ley: los medios de comunicación y la amplificación que se hace de los casos de “inseguridad”, la sociedad misma y los prejuicios que hoy cargan las pibes y los pibes jóvenes de los barrios populares de la Argentina, sobre todo de los conurbanos y mayormente varones, y que después eso hace que esos pibes sean culpables antes de tiempo, entonces cuando matan a un pibe por gatillo fácil nosotros tengamos que justificar primero que no era victimario sino que era víctima».