Argentina encabeza el podio: es el país que más apoyo brindó a sus trabajadores y trabajadoras durante la pandemia. Así lo asegura un informe internacional que señala que el 98 por ciento de los laburantes del mundo no reciben subsidios por contraer la enfermedad ni beneficios sociales para soportar la grave pandemia del coronavirus. A nuestro país le siguen en la lista Austria, Suecia, Francia y España.
La UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI) destacaron a la Argentina como uno de los países que más respaldo brindó a las y los asalariados durante la pandemia. El estudio incluyó a 124 países, además de 37 estados de los Estados Unidos, 13 provincias y territorios de Canadá y 7 estados de Australia. De esta manera, clasificó niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en esas 181 jurisdicciones nacionales y regionales. Sin embargo, el importante reconocimiento no quita que a los sindicatos argentinos todavía les falta un paso para reconocer plenamente al COVID-19 como enfermedad profesional.
La UNI Global Union representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras en más de 150 países, incluidos 2 millones de trabajadorxs del sector cuidados; mientras que la CSI es una confederación de centrales sindicales nacionales que tiene 332 organizaciones afiliadas en 163 países en los 5 continentes y cuenta con más de 200 millones de afiliados. El estudio «Covid-19: Una enfermedad ocupacional», que realizaron estos organismos de forma conjunta, sostuvo que el 98 por ciento de los trabajadores y trabajadoras del mundo no recibe el subsidio por la enfermedad, el reemplazo de salario y los beneficios sociales necesarios para soportar la pandemia. «Aun reconociendo el coronavirus como enfermedad ocupacional, los gobiernos a menudo niegan los beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que lo contrajeron en el empleo. Para resolver el problema, el 6 por ciento de las jurisdicciones estudiadas adoptaron presuntas leyes o políticas que significan suponer que la enfermedad se contrajo en el trabajo», afirmó Christy Hoffman, secretaria general de la UNI Global Union. También sostuvo que «los gobiernos le fallan a los trabajadores de primera línea al obligarlos a asumir cargas físicas, psicológicas y financieras de la Covid-19 por su cuenta, y son a menudo mujeres, migrantes y personas de color que no deberían tener que elegir entre su salud personal y financiera», por lo que aseguró que el reconocimiento de la enfermedad como «ocupacional» garantizará esos beneficios y las compensaciones.
El informe, que fue difundido también en las cuentas de Twitter del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del cotitular de la CGT, Héctor Daer, asegura que solo diez jurisdicciones (5,5%) -entre las que se incluye a la Argentina-, recibieron las mejores valoraciones, resultando en buenas o muy buenas normativas para reposición de salario, tratamiento médico, indemnización de enfermedad o prestaciones por fallecimiento. Estas diez jurisdicciones con mejores resultados representan solo al 2% de los trabajadores y trabajadoras del mundo, dejando a la gran mayoría de los asalariados con derechos y beneficios limitados en relación al impacto de la COVID-19. La buena noticia es que los primeros cinco países del ranking fueron Argentina, Austria, Suecia, Francia y España.
Por otra parte, al hacer una comparación a nivel mundial, el informe asegura que “solo pudimos confirmar la existencia de la indemnización por enfermedad en 104 jurisdicciones, lo que quiere decir que casi 43% de los trabajadores no tenía acceso a ésta”. Además, solo 31 países han reconocido de manera formal a la COVID-19 como una enfermedad profesional y 16 países ya contaban con sistemas para apoyar a los trabajadores y trabajadoras impactados por la pandemia.
El primer lugar de la Argentina sorprende a los mismos especialistas, ya que si hay algo que ha agudizado la pandemia en todo el planeta,son las desigualdades ya existentes, hecho que el propio estudio destaca: “Las jurisdicciones con menos apoyo se concentran en los países con menores ingresos, donde los trabajadores ya estaban enfrentando condiciones adversas antes de la pandemia”.
Sin embargo, al analizar las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, las organizaciones internacionales destacan que “Argentina, un país que no pertenece a la OCDE, recibió nuestra mejor valoración a nivel de país, demostrando que un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación. Liderado por un fuerte movimiento obrero, el gobierno argentino actuó rápidamente el 13 de abril de 2020. Aunque no fue el primer país en reconocer a la COVID-19 como una enfermedad profesional a través de una ley parlamentaria, esta rápida respuesta significó que los trabajadores pudieron obtener acceso al apoyo antes de que el sistema sanitario estuviera sobrexigido”.
Este reconocimiento fue valorado por Santiago Cafiero, quien hizo hincapié en el informe y remarcó: “Tomamos medidas sanitarias preventivas para cuidar la salud y creamos políticas públicas para cuidar el empleo. Nuestro gobierno adapta el presupuesto a las necesidades de la gente, y no al revés. Por eso vamos a seguir acompañando a quienes producen y trabajan en el país”. Sin lugar a dudas, las políticas de ingresos como el IFE, las compensaciones salariales de la mano de los ATP y el decreto 367/2020, que reconoció de forma temprana al COVID-19 como enfermedad profesional para los trabajadores y trabajadoras esenciales en abril del año pasado, han sido políticas beneficiosas. Sin embargo, el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de lxs Trabajadores, constituido por organizaciones sindicales de la CGT, de la CFT y de la CTA, y cuyo objetivo es la defensa de la salud de quienes trabajan, emitió en febrero pasado el documento “6 razones por las cuales el Covid-19 debe incluirse en el Listado de Enfermedades Profesionales (LEP)”.
Las organizaciones sindicales advierten que, aunque el decreto emitido el año pasado por el Presidente ha sido muy importante, el hecho de que esta enfermedad no haya sido incluida por ley en el listado de enfermedades profesionales genera cortocircuitos con las ART que no siempre reconocen las graves consecuencias del COVID-19. Lilian Capone conduce la Secretaría de Salud Laboral de la CTA en Provincia de Buenos Aires y coordina este espacio intersindical conformado por más de 20 gremios. En diálogo con Radio Grafica, Capone recordó que en abril del año pasado “sale un primer decreto, donde marca que estas enfermedades van a ser consideradas enfermedad profesional no listada, es decir, que no está dentro de la Ley de Riesgo de Trabajo. Por lo tanto, las ART aceptan la denuncia, pero legalmente no son reconocidas como enfermedad profesional si no se hace el segundo trámite en la Superintendencia”. Y es ahí donde se encuentra el problema, ya que la doctora detalló que “en Argentina tenemos un sistema de riesgo cerrado, privatizado, donde las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo aceptaron 200.000 denuncias hasta el 4 de noviembre por Covid, pero menos de 100.000 fueron reconocidas legalmente”. Esto evidenció que “los trabajadores no saben que tienen que hacer el segundo trámite”. Asimismo, Capone señaló que «hay una falta de reconocimiento de las secuelas, de la rehabilitación y de la reinserción laboral».
Ahora bien, si volvemos al estudio internacional realizado por UNI Global Union y CSI, nos encontramos con que esto no es solo un problema local, ya que tampoco se ha realizado el reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional dentro de los Convenios de la OIT. Si la Organización Internacional del Trabajo lo reconoce y lo incluye en sus convenios, esto impactaría de manera sustancial en todos los trabajadores y trabajadoras de los 24 países que ya han ratificado el convenio sobre beneficios en caso de accidentes de trabajo. Por eso, al finalizar el informe, la UNI Global Union y la CSI reclaman el reconocimiento explícito de la Covid-19 como una enfermedad profesional por parte de la OIT y también de la Unión Europea, lo que de manera inmediata brindaría apoyo a más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras.
