La ciudad de Andalgalá (provincia de Catamarca) volvió a ser noticia el último mes luego de que en una marcha en defensa del agua y en oposición a la mega minería, se tomaran y prendieran fuego las oficinas de la empresa minera “Agua Rica”. Las organizaciones ambientalistas negaron haber realizado esas acciones violentas -al igual que el incendio de la sede del Frente para la Victoria de esa ciudad- y acusaron a un grupo de infiltrados. Además, desde hace tiempo denuncian que la zona se encuentra “militarizada” y que han sufrido todo tipo de abusos y violencia policial, incluyendo detenciones arbitrarias y persecución judicial.
En las últimas dos décadas, la actividad minera metalífera en la Argentina ha tenido un crecimiento inusitado. Una expansión que ha sido muy criticada por sus consecuencias ambientales y que ha llegado a generar un rechazo social muy grande. La situación es grave y en un contexto de crisis económica todavía es peor, ya que la “grieta” en esas localidades se agranda entre aquellos que argumentan la importancia económica de esta industria y los que reclaman por la conservación del ambiente. Ante esta situación, el gremio minero AOMA (Asociación de Obreros Mineros de la Argentina), realizó una marcha en la capital de Catamarca en defensa de la industria minera, bajo la consigna “Detrás de cada minero hay una familia que cumple sus sueños”. Desde AOMA manifestaron que “a raíz de los disturbios, varios proyectos podrían suspenderse y con ello provocar una ‘masiva desocupación”. Héctor Laplace, secretario general del gremio, al ser consultado sobre las prohibiciones a la minería en las provincias de Chubut y Mendoza, declaró: “Es una mezquindad que apuesta a la exclusión social”, y agregó que no se debe “dejar el debate minero en manos de los talibanes del Si o el No a la minería”. La postura del sector sindical es clara: para ellos lo prioritario es la generación y conservación de los puestos de trabajo. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto laboral de la mega minería? ¿Cuáles son los orígenes y las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del sector minero?
Según diferentes informes realizados por el Conicet, en las últimas décadas la actividad metalífera ha aumentado su participación relativa respecto al total de las exportaciones de mercaderías en nuestro país. Mientras en el año 1997 las exportaciones de metales y minerales representaban un 1,5%, para el año 2017 el sector alcanzaba el 3,3% duplicando su participación porcentual en veinte años. También ha aumentado el valor de sus exportaciones: mientras en el año 2001 exportaba minerales metalíferos por un valor aproximado de 500 millones de dólares, para el año 2012 se había cuadruplicado representando dos mil millones de dólares. De esta manera, en el año 2019 el sector minero constituyó el sexto complejo exportador en importancia detrás de otros sectores como la soja, el automotriz, el maicero, el petrolero-petroquímico y la carne-cuero bovino.
Ahora bien, en términos de empleo, se estima que en la Argentina entre 10.000 y 13.000 trabajadores se encuentran vinculados en forma directa a los proyectos mineros metalíferos. Según la cámara empresarial minera, para el año 2017 había alrededor de 15.000 trabajadoras y trabajadores indirectos vinculados a empresas de distintos rubros que se relacionan con esta actividad, implicando ramificaciones económicas provinciales, regionales y nacionales. Pero, según el Colectivo Voces Alerta, los discursos oficiales se chocan con la realidad del trabajo que genera la minería en Argentina, ya que por cada millón de dólares invertidos en la minería a gran escala se crean entre 0,5 y 2 empleos directos. El dato resulta aún más relevante si se compara con otras industrias exportadoras: la automotriz, por ejemplo, en el año 2017 tenía 28.701 trabajadores/as en el sector, casi el doble que la minería. Y en el caso del sector petrolero, sólo el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, tiene 24.000 afiliados. Lo que vale señalar es la importancia de esta industria en algunas provincias como San Juan o Catamarca, donde los proyectos mineros cobran gran relevancia liderando el podio de exportaciones frente otras actividades productivas.
Por otra parte, el desarrollo del mercado de trabajo minero está muy marcado por los acuerdos institucionales entre Estados provinciales y empresas mineras al momento de reclutar fuerza de trabajo. Por eso, la mayoría de los proyectos mineros guardan una semejanza en su política de reclutamiento. Según el investigador del Conicet Lautaro Clemenceau, en su artículo Mercado de trabajo minero en la Argentina en el siglo XXI, “al menos el 50% de la fuerza de trabajo proviene de localidades dentro de la propia provincia; y en algunos proyectos el porcentaje de esta procedencia obtiene niveles muy superiores, como en la provincia de San Juan, que alcanza entre un 82 y un 88% de trabajadores locales”. Esto genera una fidelidad local no menor a la hora de enfrentar diferentes conflictos ambientales con los habitantes de la zona. De hecho, los porcentajes de composición de la fuerza de trabajo minera en cada proyecto suele repartirse de la siguiente manera: “los mayoritarios corresponden a trabajadores de la provincia (y dentro de ellos una cuota más o menos específica de trabajadores ‘más locales’, residentes de las localidades más próximas a los emprendimientos); un porcentaje constante de trabajadores de otras provincias argentinas; y finalmente un porcentaje ínfimo pero también constante de trabajadores extranjeros (que suelen pertenecer a los estratos jerárquicos de niveles gerenciales reclutados en mercados globales del management)”.
Esta composición resulta un baluarte fundamental del empresariado y del sindicato oficial a la hora de defenderse de ciertos ataques, como se vio en un reciente comunicado de AOMA luego de los sucesos de Andalgalá: “Hay aproximadamente 8200 personas, de las cuales cerca de 500 vecinos son mineros que trabajan de forma directa y otros 150 en forma indirecta en la minería, hoy casi 300 de esos mineros solamente son empleados del proyecto MARA, Agua Rica y Alumbrera, que son catamarqueños, que son andalgalenses de bien, que encontraron en la minería la posibilidad de poder llevar el pan a sus hogares”, relata (con cierta demagogia) el sindicato.
Más allá del porcentaje de trabajadores y trabajadoras locales, el resto suele encuadrarse en la modalidad “golondrina” porque la formación laboral minera resulta fundamental. Los emprendimientos no son muchos y suelen darse en provincias específicas pero alejadas, que tienen como único denominador común el hecho de ubicarse cerca de la cordillera. Estos trabajadores y trabajadoras suelen rotar de emprendimiento en emprendimiento, lo que genera un problema a la hora de garantizar una vida en el largo plazo como mineros, ya que sólo algunos pueden convertirse en “calificados” y otros quedan como trabajadores locales. Por ejemplo, recientemente en la provincia de Jujuy unos 400 mineros acordaron la desvinculación con la compañía minera Aguilar, que cesó la extracción de minerales en la provincia y el sindicato se encuentra gestionando un seguro de desempleo y otros derechos para los trabajadores y trabajadoras que quedaron cesantes. Sin embargo, desde el secretariado local de AOMA señalaron que “las personas más jóvenes consiguieron trabajo en otros emprendimientos mineros”.
Por otra parte, cabe destacar que no todo el trabajo minero goza de las mismas condiciones, ya que como sucede en muchos otros rubros una gran cantidad de trabajadores pertenece a empresas contratistas y no a la empresa operadora del proyecto. Según señala el investigador Lautaro Clemenceau, “en proyectos como Veladero y la mina El Aguilar el 66% de la fuerza de trabajo pertenece a empresas contratistas y solo un tercio a la empresa operadora. En cambio, en el resto de los proyectos la relación tiende a invertirse y a mantener márgenes similares: entre un 62% y 72% pertenece a la empresa operadora, y solo entre un 27% y 37% a empresas contratistas”.
Los mineros y las mineras frente al COVID-19
En el informe elaborado por el CONICET “El trabajo en la actividad minera metalífera argentina en el contexto de la pandemia Covid-19”, se rescatan algunas de las particularidades del trabajo minero y de su actual funcionamiento. Lo particular del proceso es que se realiza en un sistema de producción continuo: las 24 horas del día en todos los días del año, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. El sistema de trabajo es conocido como “roster”, que implica que los trabajadores y las trabajadoras residan temporalmente en campamentos mineros próximos a los yacimientos durante una serie programada y consecutiva de días para luego trasladarse a sus lugares de residencia durante otro período. Luego de descansar, vuelven a trasladarse hacia los campamentos continuando el ciclo. De esta manera suelen aplicarse varias modalidades de roster: 14×14, 8×6, 7×7 o 4×3, dependiendo del puesto de trabajo, la posición jerárquica o el emprendimiento. Esta modalidad de trabajo es un problema para la transmisión del coronavirus, tanto en los campamentos como en los traslados entre las localidades urbanas y el proyecto minero, entre los campamentos y la mina.
Por otra parte, el mismo trabajo en cabinas de máquinas y el método de explotación subterránea implican un problema. “El método subterráneo históricamente está relacionado con enfermedades respiratorias que afectan la salud de los trabajadores (la más típica es la silicosis), ya que el ambiente es considerablemente hermético y no se produce naturalmente una renovación del aire. Es por ello que a lo largo de las décadas se han introducido sistemas de ventilación cada vez más sofisticados para evitar o morigerar los efectos perjudiciales en la salud de los trabajadores”, señala el trabajo.
Ante esta situación, la mayoría de las minas han adquirido el método 14×14, dos semanas de trabajo y dos de descanso, y además han adoptado otras medidas de cuidado para evitar contagios masivos, lo que genera problemas en la producción. A causa de esto, el sector minero es uno de los más afectados por la pandemia y, según el Ministerio de Trabajo, la explotación de minas y canteras se encuentra entre los sectores con caídas más relevantes, con una baja del 5,5%. Es decir, crecen los despidos. Por otra parte, el arreglo paritario para este año ha generado bastante malestar entre los trabajadores y las trabajadoras del sector, en donde se cerró una suba del 20% del sueldo a los mineros de las empresas metalíferas y un 13,6% a los de las cementeras. Las críticas al gremio AOMA fueron varias, ya que acumula despidos y problemas salariales. “Tenemos que reconocer que las empresas hacen su esfuerzo importante dado que no se está trabajando al 100% y sabiendo que el sector privado no tiene el sueldo asegurado”, dijo el secretario general Héctor Laplace y afirmó que “es un logro trascendente” para que los trabajadores y las trabajadoras puedan hacer frente a la crisis.
No caben dudas de que las condiciones de trabajo de los mineros y mineras son particulares y la actual situación de pandemia complejiza aún más la labor. Los beneficios en términos de empleo en algunas provincias son importantes ante la falta de trabajo de calidad, que permite a ciertas poblaciones no caer en la informalidad o el desempleo que tienen las regiones donde se asientan. Sin embargo, el establecimiento de dichos proyectos no ha generado un cambio estructural y es difícil de sostener el argumento de “los grandes beneficios laborales” en relación al daño ambiental que el sector genera, menos aún si observamos el actual funcionamiento durante la crisis. Lo que resulta evidente es que un sindicato con tanta afinidad patronal resulta un problema para complejizar el debate sobre cómo avanzar en una industria minera menos dañina con el ambiente y que genere empleos de calidad en las regiones donde se establece.
