9:53, el estruendo del derrumbe y el sonido del shofar. Así empezó el acto virtual de Memoria Activa para conmemorar los 27 años del atentado a la AMIA y denunciar que todavía buscan justicia por las 85 víctimas que murieron ese 18 de julio de 1994 en pleno centro porteño. En el documento oficial, leído por Diana Wassner, la agrupación de familiares apuntó, entre otros, contra el fiscal que el gobierno de Mauricio Macri designó al frente de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, Lorenzo Bazo. “No presentó un solo informe desde el inicio de su gestión”, denunciaron los familiares en el texto.
Les integrantes de Memoria Activa señalaron que “en los hechos, hoy la UFI AMIA es gerenciada por estrechos colaboradores del ex fiscal Alberto Nisman, con la misma opacidad y ausencia de resultados que caracterizó la gestión del mencionado primer titular de la unidad” y pidieron (una vez más) un cambio en la dirección del organismo que garantice que se lleve adelante la investigación.
“No solo se trata de poner nuevamente a cargo de la investigación del atentado a fiscales idóneos y creíbles, también resulta imprescindible apartar al ‘equipo Nisman’ de la UFI AMIA -dijo Wassner, parada sola en medio de Plaza Lavalle, donde todos los años se ha reunido Memoria Activa para exigir justicia-. La búsqueda de verdad y justicia en ese caso exige un actuar transparente, comprometido y objetivo que en las actuales condiciones la UFI AMIA no puede garantizar”. Basso, agregó, fue designado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien fue nombrado por el expresidente Mauricio Macri.
Después de 9862 días de impunidad -y de magras penas y absoluciones en la causa por el encubrimiento-, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el informe presentado este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se valoró que “en el año 2005 el Estado (argentino) aceptó su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva», pero señaló que “no realizó un reconocimiento explícito respecto de los hechos posteriores al año 2005”.
Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, aseguró que “ya no tenemos esperanza de justicia. “Pero sí tengo esperanza de condena”, apuntó.
Por su parte, la presidenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, sostuvo: «La Corte de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, va a condenar al país y tenemos expectativas que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas y familiares»
Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, afirmó que de “la investigación, entre comillas, que llevaron a cabo (los fiscales Juan José) Galeano, (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia” sobre la participación en el atentado de Carlos Telleldín -acusado de vender el vehículo que se usó para explotar el edificio de la mutual y que fue absuelto- “no quedó nada, no hay nada que se pueda rescatar de ese trabajo nefasto».
El abogado también aseguró que «la evidencia encontrada en el teléfono» de Darío Nieto, quien fue secretario de Macri, es otro «indicio más de la existencia de maniobras desde las esferas más altas del gobierno anterior para influir en el tribunal que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA».
El acto se realizó de forma virtual y con la conducción de Eial Moldavsky, quien forma parte de la asociación y se encargó de contextualizar los testimonios que aparecieron en el video que se transmitió a través de YouTube. Al final, precedido por otro llamado del shofar, se emitió un video con los rostros de las 85 víctimas del atentado. Justicia, justicia perseguirás.
