Pasaron 46 años del último golpe militar que confirmó que aquella sería una de las épocas más sangrientas de la historia del país. Pasaron 37 años del Juicio a las Juntas Militares en el que las cúpulas de las Fuerzas Armadas fueron condenadas por secuestros, tormentos y homicidios, 35 de las leyes de impunidad y casi 20 de su nulidad, el momento en el que milicos y policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios, civiles y aliades vieron desmoronarse el castillo de impunidad en el que vivieron durante décadas. Mientras intentan sin descanso reconstruirlo con pedidos de prisiones domiciliarias y morigeraciones de penas para los represores que vienen cayendo condenados por los crímenes del terrorismo de Estado desde hace 16 años, otra preocupación los mantiene obsesionades: sentar a les miembros de las organizaciones político-militares de los ’70 al lado de ellos en el capítulo de la historia que los ubica como responsables de delitos de lesa humanidad. Algo así como “si nosotros fuimos, ustedes también”. Una teoría de los dos demonios recargada a la que la Cámara Federal porteña acaba de abrirle la puerta.
El tema es así. En noviembre de 2021, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, dos agrupaciones vinculadas directamente con represores investigados y condenados por los secuestros, las torturas, las desapariciones y asesinatos, el robo de bebés y bienes, entre otros delitos horrorosos de la última dictadura, pidieron a la jueza de instrucción federal María Servini de Cubría que reabriera el expediente en el que ellas mismas pedían se investigara la explosión de una bomba en el edificio de la Superintendencia de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, en julio de 1976. El pedido también lo hacía el genocida Eduardo Emilio Kalinec, un policía federal retirado y condenado a prisión perpetua por su participación en los crímenes que tuvieron lugar en el circuito represivo ABO (centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo) y la madre de Ernesto Matienzo, un agente de la Federal que murió en el atentado.
Servini rechazó in límine el pedido. Es decir, no lo analizó, sino que reiteró la decisión que había tomado años atrás sobre el mismo tema. Porque, obvio, no era la primera vez que la reacción genocida asomaba la cabeza. Apenas retomado el proceso de juzgamiento a represores por su comportamiento criminal entre 1974 y 1983, las agrupaciones pro genocidas intentaron que la Justicia investigara a un grupo de ex dirigentes de Montoneros por la explosión de la bomba en lo que había sido “Coordinación Federal”. En aquellos tiempos, allí funcionaba un centro clandestino de detención.
El día del estallido, la organización político-militar peronista se adjudicó el episodio a través de un comunicado en el que contabilizaba unas “80 bajas” en la Policía, entre muertos y heridos. Finalmente, fueron 23 las muertes. En los días subsiguientes, según se pudo reconstruir en base a las denuncias que recogió años después la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep) e investigaciones judiciales, las patotas de la dictadura cazaron a unos 50 militantes en represalia. La mayoría se encuentran desaparecidos.
Aquel primer intento de que ese episodio fuera investigado como crimen de lesa humanidad cayó en saco roto: recibieron negativas en todas las instancias de la Justicia. Servini de Cubría sobreseyó a los denunciados por considerar que el episodio había prescripto y desechó la posibilidad de que fuera considerado delito de lesa humanidad. Así opinaron la Cámara federal, la Casación Penal e incluso la Corte Suprema.
Sed de venganza
Las partes denunciantes no se conformaron y apelaron la negativa de Servini con los argumentos de que la jueza no investigó los nuevos argumentos” presentados. Le habían dado una vuelta de tuerca a la situación a partir de planteos tiradísimos de los pelos. En los papeles, y en resumidas cuentas, lo que dicen es que la bomba es un crimen de lesa humanidad pues Montoneros no actuaba sola, sino que contaba con el “apoyo” de por lo menos tres Estados: Cuba, Líbano y Siria.
Sin embargo, durante la audiencia de apelación ante la Cámara Federal porteña, que se llevó a cabo de manera virtual en abril pasado, representantes de les denunciantes se dejaron llevar por las emociones y dejaron al descubierto las razones que subyacen a aquellos datos.
En aquella audiencia que dirigieron los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el abogado de les denunciantes Ricardo Saint Jean –sí, es hijo de Ibérico Saint Jean, gobernador de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado que murió mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad– aclaró: “La mayoría de las personas y asociaciones que firman esta denuncia nos hemos tradicionalmente opuesto al rejuzgamiento de militares y policías por delitos de lesa humanidad”.
En una interpretación libre de la aplicación de normativas internacionales que en el país tienen rango constitucional, Saint Jean y los suyos dicen que los delitos de lesa humanidad “no están incluidos” en la normativa nacional, que “estaban amnistiados” y que, por ser ésta una “decisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, los fallos de la Corte Suprema que declararon los crímenes de la última dictadura imprescriptibles e imperdonables no corren. Citó el abogado, entre otros, el fallo Simón, del que se cumplieron 17 años la semana pasada. Se olvidó de mencionar, en tanto, la ley con la que el Congreso nacional, en 2003, determinó la nulidad de las leyes de impunidad.
No obstante, en un quiebre de cintura maravilloso, Saint Jean le advirtió a la Cámara que, “si adhiere a la doctrina a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”, entonces “debe aplicarlo a los crímenes de la guerrilla”. Los argumentos son los mismos que, dicen, Servini no investigó: el aporte de tres Estados. También interpretaron a su favor la descripción que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó de la situación que atravesaba el país durante el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada, en 1989, cuando mencionó que el episodio se había dado en el marco de un “choque violento entre los atacantes y los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas”.
Una razón política
La semana pasada, los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi le dieron la razón a las agrupaciones pro genocidas, a Kalinec y a la familia del policía muerto en la explosión. En un fallo brevísimo y sin profundizar, los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña le ordenaron a Servini que debe emitir un nuevo fallo en el que argumente su decisión de no abrir la causa y advierten que puede haber elementos para considerar los hechos como crímenes de lesa humanidad.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la intención de la Cámara no es ejercer Justicia sino otra: “los jueces ignoran” el hecho de que el atentado en Coordinación Federal fue declarado prescripto por todas las instancias judiciales y “lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad”, puntualiza el organismo de derechos humanos en un comunicado.
En ese sentido, el CELS contextualizó la reapertura ordenada por los camaristas, le otorgó un origen en el resurgimiento de discursos de odio y negacionistas, e hipotetizó posibles efectos: “Hoy estamos viendo el crecimiento de sectores políticos de ultraderecha que reivindican el accionar del Estado argentino durante los años 70. Sostener abiertas vías judiciales contra toda jurisprudencia solo sirve para producir lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo”.
Un reclamo por la verdad
Otro de los puntos que los camaristas exigieron a Servini es que no emitió respuesta ante el reclamo de la demanda pro represores sobre la realización de un juicio por la verdad “sustentado en el derecho inalienable de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad”, advirtieron les demandantes en su recurso de apelación.
¿Qué verdad buscan que “las víctimas y la sociedad” sepan? Horas después de sucedido, Montoneros se adjudicó la autoría del atentado. 46 años después de los hechos, 16 años después de retomados los juicios en los que fueron y siguen siendo juzgados y condenados con todas las garantías, ¿cuántos genocidas reconocieron secuestros, torturas y desapariciones?¿Cuántos dijeron dónde están los restos de los 30.400 víctimas que faltan? ¿Cuántos revelaron el destino de los 300 bebés, hoy adultes, que fueron arrebatades de sus familias y apartados de su identidad? Ninguno.
