Esta investigación se publicó originalmente en el Mapa de la Policía, una iniciativa llevada adelante por la legisladora Ofelia Fernández, Revista Crisis, el Equipo de Investigación Política, El Grito del Sur, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Asociación contra la Violencia Institucional.
En sus casi seis años de existencia, la Policía de la Ciudad mató, al menos, a unas 38 personas en casos de gatillo fácil dentro del territorio de la Ciudad. La mayoría de los asesinatos ocurrieron en los barrios del sur porteño y casi la totalidad de las víctimas son varones jóvenes. El Grito del Sur elaboró un mapa con cada uno de estos episodios de violencia policial.
El crimen de Lucas González en 2021 generó una conmoción social que motivó la pregunta de quiénes son las personas sobre las que recae el accionar represivo de la fuerza que conduce el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dentro de los márgenes de la Ciudad.
La información volcada en este Mapa del Gatillo Fácil surge de un entrecruzamiento de los archivos de Correpi, el CELS y ACVI. Se tomaron aquellos casos ocurridos a partir del 1 de enero de 2017, fecha en la cual comenzó a operar formalmente la Policía de la Ciudad, luego de la fusión que se produjo a lo largo de 2016 entre la Federal y la Metropolitana en territorio porteño.
Se dejaron por fuera los asesinatos correspondientes a 2016, ya que la fuerza estaba en pleno traspaso; no se cuentan femicidios, ni las muertes que se dieron en el marco de un tiroteo, o aquellos cometidos por otra fuerza de seguridad, como es el caso de la Policía Federal, Gendarmería o las víctimas dentro del Servicio Penitenciario.
Tampoco se cuentan aquellos homicidios ocurridos fuera del territorio porteño, que representan la enorme mayoría dado que suceden cuando los agentes están fuera de servicio y abusan de su arma reglamentaria –dato revelado a partir de un pedido de acceso a la información realizado por ACVI, donde se muestra que los agentes de la Policía de la Ciudad dispararon 133 veces en 2019 y otras 103 veces en 2020 con armas de fuego sólo en la Provincia de Buenos Aires.
Este mapa geolocaliza con nombre y apellido a aquellas personas contra las que la Policía de la Ciudad disparó sin motivo alguno, para robarles o por mal desempeño a la hora de hacer uso del arma reglamentaria, es decir, cuando no estaba en riesgo la propia vida de los agentes. Y demuestra cómo el Estado porteño ejerce violencia especialmente contra varones jóvenes pobres en los barrios de menores recursos.
Los casos
Buena parte de los casos (10 de 38) se cometieron durante los primeros doce meses de funcionamiento de la Policía de la Ciudad. En septiembre de 2017, el policía Gonzalo José Escobar remató de un tiro en la cabeza a Dilan Carpio, joven de 16 años que había sido herido después de entrar a robar a un Carrefour Express del microcentro. A pesar de que las cámaras de seguridad del local registraron la secuencia completa, en 2019 la jueza a cargo del Juzgado Criminal N°6 de la Capital Federal, María Alejandra Provítola, sobreseyó a Escobar por considerar que había actuado en defensa propia, sin considerar que Dilan ya había sido reducido y se arrastraba por la vereda frente al local cuando fue fusilado.
En 2017 también ocurre el crimen de Cristian “Paragüita” Toledo Medina, primer caso en el que se condenó a prisión perpetua a un policía de la Ciudad por gatillo fácil, tipificado en el inciso 9 del artículo 80 del Código Penal como “homicidio agravado por la condición especial del autor”.
El 15 de julio de ese año, “Paragüita” volvía de bailar en un auto con dos amigos, cuando el agente Adrián Otero, enojado porque no le cedieron el paso, se puso a la par y comenzó a disparar con su arma reglamentaria. Una de las balas atravesó el pecho del joven y lo mató. Sus amigos se salvaron gracias a vecinos del barrio 21-24 que se acercaron a asistirlos.
El caso de “Paragüita” tiene varios puntos de contacto con el de Lucas González, asesinado cuatro años más tarde en la esquina de Iriarte y Luna, a pocos metros de la entrada a la 21-24. El 17 de noviembre de 2021, Lucas salía de un entrenamiento de fútbol en el club Barracas Central con sus amigos cuando una brigada de civil los interceptó. Los jóvenes pensaron que iban a ser víctimas de un robo e intentaron escapar en el auto. Los policías empezaron a perseguirlos a los tiros. Y Lucas, que iba en el asiento del acompañante, recibió dos disparos en la cabeza.
“El fusilamiento de Lucas fue casi calcado al del Paragüita. Fueron a pocas cuadras uno del otro. Lo que diferencia al caso de Lucas con el 99 por ciento de los episodios de gatillo fácil es que fue el mismo club de fútbol (Barracas Central, conducido por el hijo del presidente de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia) el que llamó a los medios para desmentir la versión que quería hacer circular la Policía –dijo María del Carmen Verdú, titular de la Correpi. Algo similar pasó con Walter Bulacio. Los sectores medios se sintieron identificados con el caso porque fue a la salida de un recital de Los Redondos”.
Del total de 38 casos de gatillo fácil, 20 ocurrieron en barrios del sur, los de menores recursos. “Las fuerzas punitivas de la Ciudad y de todo el país ejercen una fuerte discriminación social. Yo diría que es un vicio el que tienen los policías de cebarse contra los más desprotegidos, contra los que van a reclamar, los que no tienen para pagar un abogado”, dijo Luciano Peretto, abogado que lleva adelante las querellas de varias causas por gatillo fácil, entre ellas la de Facundo Castro, secuestrado y desaparecido el 30 de abril de 2020 en un retén en Mayor Buratovich, cerca de Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires.
El barrio donde se registran más casos de gatillo fácil es Lugano, con seis personas asesinadas: Cristian Spelzini (2017); Alejandro Miranda (2017); Nicolás Mendoza (2017); Adolfo Salguero (2020) y otros dos cuya identidad no fue reconstruida y figuran en los informes de las organizaciones como “N.N. Masculino”.
A Cristian Spelzini lo mataron durante una protesta de vecinos del barrio INTA, que habían decidido cortar la Avenida Piedrabuena, luego de varios días sin luz. El joven, de 30 años, se separó del grupo principal que encabezaba el corte para evitar el paso de algunos autos. En uno de ellos viajaba un policía porteño, para quien una discusión subida de tono fue motivo suficiente para bajar la ventanilla y disparar. Una de las balas le atravesó el pulmón a Cristian, que falleció días más tarde en el Hospital Santojanni. El caso sigue impune.
Disparar desde un vehículo es uno de los métodos predilectos de la Policía porteña para matar pibes de los barrios: la circunstancia se repite en al menos seis de los casos analizados. Así fue asesinado también Claudio Romano, el 1 de octubre de 2019. El hombre se acercó hasta la ventanilla de un patrullero en el que iban los policías Ramón Pérez, Daniela López y Beatriz Manzanelli. Los agentes dijeron que Claudio estaba “enajenado” y que le causó heridas leves con una navaja a uno de ellos. Los efectivos le dispararon ocho tiros, seis impactaron en el cuerpo de Claudio, que falleció en el acto. Los tres policías fueron procesados por el hecho.
Algo similar sucede con las persecuciones a bordo de patrulleros o autos sin identificación, siempre a los tiros: terminaron en asesinato en otras once ocasiones, dos de ellas por balas perdidas. De esta manera mataron a Mauro Díaz, un vecino de Villa Urquiza que quedó atrapado en un tiroteo en la esquina de Nuñez y Zado, en enero de 2018; y a Pablo Pereyra, un cartonero que el 31 de diciembre del 2020 recibió un disparo que no era para él, mientras caminaba por el barrio de Constitución.
Del total de las víctimas, siete eran menores de 18 años; nueve tenían entre 18 y 25, y otros once no superaban los 35 años. Solo dos personas, Alberto Antonio Chirico y María Delia Esperanza, tenían 71 años. El matrimonio sufrió una entradera en su casa de Parque Avellaneda en junio de 2019 cuando una policía, Sonia Soloaga, ingresó para robar y los mató. En un inicio, la agente reportó el caso como si hubiera sido un robo común y corriente, pero luego de meses de investigación la justicia pudo determinar que Soloaga era la artífice del hecho. En la causa judicial también estuvo involucrado otro policía, Diego Pachilla, de «encubrimiento doblemente agravado», ante la sospecha de que ayudó a Soloaga a deshacerse del arma o acomodar su declaración en la falsa denuncia.
Soloaga, junto a Otero, asesino de “Paragüita” Toledo, son los únicos policías porteños condenados a perpetua por gatillo fácil. Si bien otros agentes fueron sentados en el banquillo de los acusados, las víctimas no recibieron justicia. Lograr una condena en estos casos resulta casi imposible.
De acuerdo a un relevamiento del CELS, entre 2010 y 2018 hubo apenas 13 policías procesados y cinco condenados de un total de 32 causas iniciadas por gatillo fácil en la justicia porteña. Según el informe, la enorme mayoría no llegó a juicio oral y tres de cada cinco fueron sobreseídos porque los tribunales consideraron que los agentes habían actuado en “legítima defensa”.
Los únicos casos en los que se logró procesar a los policías, agregaron desde el CELS, fueron en los que las víctimas habían recibido disparos en la cabeza o desde atrás. De acuerdo al relevamiento hecho por El Grito del Sur, de las 38 víctimas de gatillo fácil de los últimos seis años hubo 7 que recibieron un tiro por la espalda y otros 5 que recibieron disparos en la cabeza. Sin embargo, ninguno tuvo hasta ahora un resultado judicial satisfactorio para las familias. Sólo en el caso de Lucas González se avanzó en la elevación a juicio de 14 policías porteños detenidos y procesados por el crimen y posterior encubrimiento.
Para Verdú, “la Policía de la Ciudad arrastra muchísimas prácticas de la Policía Federal y de la Metropolitana, que fue creada como una fuerza de choque, militar. Es un verso que es una fuerza creada desde cero”, sentenció. La titular de Correpi opinó que al no haber castigo cuando un integrante de las fuerzas comete un crimen, “no hay cambio”.
“Se avanza lento porque tenemos en el banquillo a una de las corporaciones más importantes de nuestro país –afirmó Luciano Peretto. Principalmente quedan impunes porque el enemigo es muy fuerte, con un sistemático plan de desprestigio de la víctima. Si la presión social empieza a descender, si se deja de hablar del tema, eso hace que la justicia tarde más en expedirse”.
Y añadió: “Lo importante es mantener la causa siempre viva”.
