Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia de Jujuy el 10 de diciembre de 2015. El Frente Cambia Jujuy, respaldado por Mauricio Macri y Sergio Massa, obtuvo en ese entonces un contundente 58,31% de los votos, superando a Eduardo Fellner (PJ-Frente para la Victoria) que cosechó el 35,79%. De allí en adelante, el mandatario de la UCR -quien había oficiado como viceministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa- construyó su poder político en base a proscribir y encarcelar a la principal referente del kirchnerismo en la provincia, Milagro Sala.
16 de enero de 2016. La integrante de la organización Tupac Amaru se convirtió en la primera presa política bajo la gestión de Mauricio Macri. Para ello, el recién arribado Gerardo Morales contó con el inestimable apoyo del Poder Judicial jujeño. En diciembre de aquel año, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a Sala a tres años de prisión en suspenso por «daño agravado en calidad de instigadora» en la causa por la agresión contra el gobernador. Privada de su libertad y sin condena firme, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a plantear la necesidad de «medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».
«La campaña de estigmatización y desprestigio que Morales había iniciado -incluso antes de ser elegido gobernador- se amplió al instrumentalizar al sistema judicial provincial para sus objetivos políticos. De esa forma, el gobierno provincial desató una persecución contra Milagro Sala: de manera encadenada y superpuesta se le iniciaron procesos e incluso se reabrieron otros en los que se la había desvinculado por completo. Todo eso con la finalidad de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro colectivo», señalaron desde el CELS.
Sin división de poderes
Apenas asumió como gobernador, Gerardo Morales amplió de 5 a 9 el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, lo cual le permitió nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en puestos clave. En tanto, la hermana del vicegobernador Carlos Haquim fue designada en la Defensoría General. La Legislatura creó a su vez un sistema acusatorio para las investigaciones penales y al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también vinculado a la UCR.
La cooptación del Poder Judicial le garantizó a Morales nuevos fallos funcionales a su habitual retórica contra Milagro Sala. En 2019, la dirigente social recibió una condena a 13 años de prisión -en la causa conocida como «Pibes Villeros»- por ser considerada la jefa de una «asociación ilícita» y coautora de los delitos de «extorsión y defraudación al Estado». Cabe destacar que, durante el juicio, el tribunal de Jujuy había rechazado testigos importantes para la defensa. También le negó un peritaje para determinar la cantidad de obras que había realizado la Tupac Amaru, eje central de la acusación.
Contra las comunidades originarias
A lo largo de los dos mandatos de Morales, diferentes pueblos indígenas fueron agredidos y sus derechos vulnerados. En septiembre de 2022, nueve integrantes del Pueblo Ocloya, entre ellos una bebé y una adolescente, fueron desalojados mientras se encontraban en una asamblea para reclamar contra el cierre de un camino vecinal y ancestral por parte del empresario maderero Enrique Daniel Verzini. Ya a principios de este año, la comunidad Aborigen de Caspala del pueblo coya -ubicada en el departamento de Valle Grande- sufrió un violento desalojo por la policía que presentó una orden judicial sin firma. Previamente, el gobernador había presentado un proyecto de expropiación (aprobado en la Legislatura) de unas tres hectáreas desconociendo la preexistencia étnica cultural de las comunidades originarias en nuestro país.
El rechazo a los grupos indígenas se vio reflejado también en la redacción de la nueva Constitución jujeña, que en su artículo 36 llegó a plantear: «Será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley. Una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aún cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo». Finalmente, tras las fuertes protestas, se quitó esta parte.
Una obsesión con los «piquetes»
Cuando las instituciones democráticas no funcionan y el gobierno avasalla los derechos de la población, ésta se ve obligada a salir a las calles para efectuar sus reclamos. Sin embargo, la flamante reforma constitucional local estableció la «prohibición de cortes de calles y cortes de rutas» y de «toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos» en la provincia.
En el marco del lanzamiento de su precandidatura presidencial por la UCR-Juntos por el Cambio, meses atrás Gerardo Morales ya había lanzado críticas contra esta modalidad de protesta: «Hay que terminar con la joda, han roto la cultura del esfuerzo. Hay que hacer cirugía mayor». A pesar de la anestesia que le buscan imponer, el pueblo jujeño resiste y no se entrega frente a los designios antidemocráticos del partido gobernante.
