Con los votos de Juntos por el Cambio, la abstención del Frente de Todos y el rechazo de la izquierda, la Legislatura porteña aprobó esta mañana una nueva ley que regulará las tareas de los repartidores de plataformas y que otorga un marco de funcionamiento a empresas como Rappi, Glovo y Pedidos Ya. La ley introduce cambios significativos para la tarea de miles de trabajadores y trabajadoras: dispone cuáles deben ser las características de los vehículos y las exigencias de seguridad, así como también establece que los repartidores deberán realizar capacitaciones para ingresar al flamante registro único, requisito que deberán cumplir a partir de la aplicación de la nueva normativa.
El recinto de la calle Perú amaneció vallado, a la espera de movilizaciones en contra del proyecto por parte de los sindicatos de las apps de envíos. La negociación fue extensa y comenzó varias semanas atrás: desde Juntos por el Cambio se hicieron modificaciones en el proyecto inicial con el objetivo de lograr que el Frente de Todos acompañara la propuesta, pero finalmente no hubo consenso y desde el principal bloque de oposición se optó por la abstención general aunque se acompañaron algunos puntos en particular. Las organizaciones que nuclean al sector (tanto ASIMM como APP y la Agrupación Trabajadores de Reparto) rechazan esta nueva normativa.
Una de las principales críticas a la iniciativa del macrismo es que aborda esta problemática como un tema de control del transporte y no como un problema del ámbito laboral, como se exigía en un principio desde el FdT. «El proyecto de Juntos por el Cambio es discriminatorio, persigue a los repartidores y habilita a las empresas de plataforma como simples operadoras de oferta y demanda«, explicó a través de un comunicado la Asociación de Personal de Plataformas. «La única solución que encontró el Gobierno de la Ciudad para resolver nuestros problemas es incluirnos en el Código Contravencional. Pretenden que aceptemos todas las sanciones a cambio de alcohol en gel y barbijos. Estábamos dispuestos a dialogar para encontrar soluciones que nos sirvieran a todos, pero una vez más nos dieron la espalda. Vamos a tomar medidas junto a otros gremios”, manifestó Roger Rojas, secretario general de APP.
A partir de ahora, los repartidores deberán constituir domicilio, acreditar inscripción en la AFIP y la AGIP, además de contratar un seguro. La nueva ley establece que los repartidores pasan a ser «sujetos de habilitación» y no protege a los comerciantes, que quedan expuestos ante los aumentos de las comisiones que se llevan las plataformas. Según el sindicato APP, la nueva ley crea un régimen discriminatorio que criminaliza y obstaculiza el trabajo de los repartidores.
Por otro lado, las plataformas deberán suministrar cascos homologados e indumentaria con bandas reflectivas a los repartidores, siempre de manera gratuita para el trabajador y la trabajadora. Asimismo, siempre que el portaobjetos o la caja de reparto lleve el logo de la empresa, éste deberá ser provisto por la propia plataforma.
Entre las críticas del Frente de Todos resalta la caracterización de las plataformas, que no son consideradas prestadoras de servicio sino «operadoras de oferta y demanda», sin más responsabilidades que la intermediación. Asimismo, se critican las abundantes sanciones a los repartidores que no cumplan con las habilitaciones y las nuevas cargas que se les imponen a los trabajadores. Por último, no habrá tope a las comisiones, un tema que había sido denunciado por los importantes incrementos durante la pandemia.
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