El Estado Nacional, junto con la Universidad de La Matanza, creó siete diplomaturas en Cuidados Integrales. Se trata de estudios de pregrado para las trabajadoras sociocomunitarias de los barrios populares, que la UNLAM dictará a partir de junio. Diplomaturas, por ejemplo, en cuidados de la primera infancia, de adultos mayores, promoción de los derechos de género y de la salud.
La noticia es más importante que lo que puede parecer a primera vista, no se limita a unos cursos de formación: el punto está en que la universidad certificará los conocimientos adquiridos, en el camino de valorizar/ legitimar/ profesionalizar las tareas de cuidado.
Y esto es sacar de la oscuridad la dimensión económica y política de estos trabajos.
La pandemia hizo indiscutible –una de las pocas cosas positivas de esta época terrible– que hay trabajos comunitarios esenciales. Ese es el caso de los comedores populares, indispensables para mantener el tejido social –y por extensión el tejido productivo. Se aplica también a las promotoras de salud, que acompañaron en villas y asentamientos a los Operativos Detectar. Sus trabajadoras –a veces cobrando un Potenciar Trabajo, muchas otras no– hicieron de brazo del Estado en los territorios –los barrios, las barriadas, palabras con la que designamos hoy, con un rodeo, a los bolsones de exclusión–.
¿Quién puede discutir la importancia de los comedores populares en estos dos años de Covid?
Y ¿quién puede negar que la exclusión por la que son necesarios tiene su origen en un modelo económico que, si bien nacido en la dictadura, fue sostenido (o en los mejores tiempos, no desterrado) en los últimos 35 años de democracia?
La pandemia volvió innegable, entonces, que hay trabajo valioso (y valioso para el conjunto de la sociedad), entre los excluidos del mudo del empleo. Trabajo que nadie paga. La mayoría, hecho por mujeres.
Algunas, luego de unos meses de cuarentena, lograron ser parcialmente retribuidas. El Estado hoy paga a (una parte de) quienes trabajan en los comedores y merenderos. Lo hace con un plan social, pero en reconocimiento de su trabajo. De la misma manera, empezó a incluir a sus trabajadoras en el plan de vacunación.
Este camino, que dice mucho, no debería ser adjudicado simplemente “a la pandemia”, confundiendo al virus con un actor social, o al paso del tiempo. Tuvo que ver con los efectos de dos militancias cruzadas: la de los movimientos sociales y la del feminismo.
EL ROL DE LA UNIVERSIDAD
Carolina Brandariz está en el cruce de esas dos fuerzas. Socióloga, feminista, integra el Movimiento Evita y es parte del gobierno nacional, como Directora de Cuidados Integrales de la Secretaría de Economía Social, en el Ministerio de Desarrollo Social.
Brandariz es una de las responsables de la creación de este cuerpo de diplomaturas. ¿Va a dictarlas sólo la Universidad de La Matanza? Dice que “en principio sí, porque hicimos un convenio que implicó que cada uno de los programas que elaboramos para cada una de las diplomaturas fuese aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Aunque en el mediano o largo plazo aspiramos a poder desarrollarlo con otras universidades nacionales”.
Las clases comenzarán a finales de junio y se extenderán hasta fin de año. Los primeros tres meses tendrán una modalidad virtual, debido a las restricciones para circular; la idea es hacer presenciales los últimos tres meses, si la situación lo permite.
Los docentes fueron seleccionados teniendo en cuenta sus lugares de residencia con la idea de esta futura presencialidad. Algunos son parte del cuerpo académico de la universidad, otros fueron buscados por el Ministerio de Desarrollo Social.
Las siete diplomaturas están relacionadas con trabajos de cuidado ya existentes que el Estado registró en los territorios:
- Pedagogía y cuidado de la infancia,
- de las personas mayores,
- de las personas con discapacidad,
- de las juventudes,
- del trabajo sociocomunitario en los comedores y merenderos,
- promoción de los derechos de género y de la diversidad
- promoción de la salud comunitaria.
UN CAMINO EN CONSTRUCCIÓN
¿Cuál va a ser su aporte a una salida laboral? En este punto, la nota vira a la primera persona y es pura observación de un recorrido:
El tema llegó al Estado porque los movimientos populares (los que integran la UTEP) son parte del gobierno. Esta presencia filtra a su interior otras miradas sobre qué es ser un trabajador de la economía popular.
Frente a la respuesta tradicional del Estado a la pobreza, la de corte asistencial -el “pan para hoy y hambre para mañana” criticado en los debates sobre la Tarjeta Alimentar-, en los movimientos piensan en otro tipo de salidas, a través del trabajo.
Un modelo se basa en la transferencia de ingresos –como el plan alimentario, o la eventual creación de un salario universal–; otro, en la idea de trabajo garantizado por el Estado.
Esto es, acciones de gobierno que generen trabajo, con un piso de ingresos, que pueda ser completado por otras vías.
Un proyecto de fácil comprensión es el cuidado de la primera infancia. Es un derecho, el Estado debería garantizarlo, incluso ha asumido en estos últimos años la construcción de espacios de cuidado. Antes de la pandemia, las organizaciones mantenían de manera autogestiva miles de estos espacios, para que los trabajadores con hijos pudieran producir o estudiar. Son espacios que necesitan de cuidadores formados.
Otro modelo ya construido, pero no visible: las Casas de acompañamiento de jóvenes con consumos problemáticos, que dependen del Sedronar. El trabajo que se hace en esas casas, asumido por militantes de los movimientos populares y por integrantes de comunidades religiosas, es enorme. Es trabajo, es imprescindible y falta hacer todavía mucho más.
El cuidado de las juventudes hoy es una área vacante, tema de otra diplomatura.
La de Cuidados de adultos mayores es donde se ve una mayor posibilidad de empleo. En este caso, una vez terminada la cursada -en este caso con dos niveles, es decir con una carga de 300 horas- permitirá a quienes tengan el título ingresar al registro de cuidadores domiciliarios de la Senaf, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Desde la Universidad de La Matanza, Vanina Chiavetta, docente y titular del Observatorio social de la casa de estudios, completa el panorama:
“La UNLAM tiene experiencia en capacitaciones, es una universidad abierta al territorio, pero el desafío es ahora mayor porque se trata de Diplomaturas, con todo lo que implica para la universidad certificar a estos trabajadores. Implica el reto de lo nuevo”.
Chiavetta cuenta que la UNLAM trabaja hace 15 años en barrios vulnerables y sintetiza así su opinión como observadora, “una opinión personal: sin las tareas de cuidado que se vienen realizando en los barrios, el país estaría prendido fuego. El trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras sociocomunitarias en barrios como Puerta de Hierro, San Petersburgo, San Cayetano, en las zonas con mayores necesidades, es fundamental. Asumen unas tareas de cuidado imprescindibles para que la gente pueda subsistir, no enfermarse, sobrevivir a la pandemia, ocupándose del tema alimentario así como de la salud”.
En el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, el 33 por ciento de los inscriptos son trabajadores sociocomunitarios, lo que da la idea del peso y la extensión que tienen estas actividades. La mayoría son mujeres.
Las diplomaturas no fueron pensadas en términos de género. Brandariz apunta: “queremos desfeminizar los trabajos de cuidado”.
“Para nosotros, son un paso para legitimar, poner en valor, certificar, los saberes de nuestras compañeras y compañeros. Lo que buscamos es que el cuidado comunitario sea visto en términos de trabajo, que se pueda concebir dentro del paradigma del trabajo, como un trabajo profesionalizado, que requiere de determinados saberes. Esta propuesta quiere dar un paso en ese camino, el de fortalecer esa formación”, concluye.
