Arcoíris tiene seis años y desde sus dos es una sobreviviente. Esta semana soportó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en trabajo con la Policía de La Rioja, fuera a buscarla al edificio donde actualmente vive con su madre, Delfina Zarranz, que hasta ese momento era un domicilio reservado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, por haber evaluado su caso como “una situación de alto riesgo”. Mientras los oficiales intentaban llevar adelante el allanamiento, la niña lloraba y decía ‘no me quiero ir’; pedía por su mamá. En la puerta, ubicada entre las calles Bulnes y Sarmiento del barrio porteño de Almagro, se atrincheraron agrupaciones sociales y colectivos, junto a la presencia de Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para frenar el operativo. A la madrugada, la jueza Gisela Flamini firmó la derogación de la orden de captura para la madre y su presunta declaración “en rebeldía”. La Policía debió retirarse. Y el equipo de trabajo que busca justicia por la niña expresó: “Fuimos muralla una vez más”.
“La causa viene muy complicada”, comentó a El Grito del Sur Elida Barrera, abogada de Arcoíris y su madre en La Rioja. “Delfina quedó con prisión domiciliaria y en La Rioja están actuando todos los juzgados con competencias superpuestas dictaminando lo mismo: si no es uno es el otro que quiere la revinculación y están denunciando impedimentos de contacto”, sostuvo.
Hace menos de un año, la niña Arcoíris (como se la conoce para preservar su verdadera identidad) y su madre llegaron a la Capital Federal y pudieron instalarse. Vinieron por un tratamiento médico de la madre pero cuando la niña pudo contarle nuevos relatos donde su padre había amenazado de muerte y con hacer daño a Delfina, se acercó ante la Oficina de Violencia Doméstica. Ya había hecho cinco denuncias en La Rioja desde que su hija comenzó a manifestar los abusos que sufría por parte de su abuelo paterno, José “Kuki” Vergara, que sucedían cuando estaba en contacto con su padre, Matías Vergara: pese a que se impuso una orden de restricción de contacto entre el abuelo y la niña, cada vez que ella volvía de las visitas con su padre contaba haber estado en contacto con el abuelo y haber sido víctima de nuevas situaciones de violencia sexual.
Al entrevistar a la niña, el equipo de profesionales de la OVD calificó la situación “de alto riesgo” para ambas y dispuso la reserva de su domicilio. El 6 de junio, el Poder Judicial de la Nación dictó la prohibición de acercamiento del progenitor en esta ciudad por tiempo indeterminado: tiene prohibido mantener contacto con ella tanto en forma presencial, telefónica y virtual. Hasta el 22 de febrero, que por maniobras y contactos de los dos acusados se autorizó el allanamiento que casi separa a Arcoíris y se lleva detenida a su mamá.
El jueves 23, Barrera junto a la doctora Ivana Cattáneo -quien también trabaja en la defensa de Delfina en La Rioja- recibieron del Juzgado 106 (Expte. 430/2022) una resolución judicial donde dice que las medidas cautelares van a permanecer vigente con respecto a Matías Vergara, “porque la situación no se ha modificado”. “Recordemos que el señor Matias Vergara fue denunciado en la oficina de violencia de género de la Corte Suprema y se le prohibió acercarse a la niña y a su madre por el alto riesgo que esto significaba”, puntualizó la abogada.
“Hoy tanto Arcoíris como Delfina están, dentro de este contexto, bien”, afirmó por su parte Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos y licenciada en Psicología, en diálogo con este medio. “Arcoíris cuenta con medidas de protección, Delfi con prisión domiciliaria”, añadió.
“La verdad es que el día del allanamiento la pasó bastante mal porque esa situación de la policía irrumpiendo en la casa, queriendo llevarse a su mamá fue una forma de tortura psicológica. Es una nena muy chiquita que viene pasando situaciones muy complejas. Hay protocolos y formas de avanzar aún estando el allanamiento, de tener en cuenta que hay una niña y que eso no se hace de cualquier modo; y eso no se tuvo en cuenta en el allanamiento”, sostuvo Macha.
Según explicaron desde el entorno del equipo de Justicia por Arcoíris, el procedimiento -además de violento- fue ilegal. Los oficiales no estaban acompañados de personal del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ni tampoco de un asesor o defensor de menores. Además, durante el procedimiento, dejaron a la madre e hija totalmente incomunicadas. De modo que la intervención de los colectivos y fundamentalmente de la defensora de infancias, Marisa Graham, frenó el avasallamiento.
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Arcoíris tiene seis años. “Está yendo a la escuela, pasó de grado el año pasado, está contenta, tiene amigas, juega, cosa que en La Rioja no ha podido hacer, porque el progenitor muchas veces la hacía faltar”, contó la abogada Barreda, respecto a lo que significó la instalación de la menor en otra provincia y lejos del entorno violento que la persigue.
Desde sus dos años pudo expresarle a su madre las situaciones de violencia sexual por parte de su abuelo paterno, encuentros que se facilitaban a través del progenitor de la niña, también acusado de violencia de género por Delfina. Es entonces que inicia su camino como madre protectora. Realizó en total cinco denuncias: la primera en 2018, la segunda en 2019 y otras tres en 2022.
Frente a las medidas de protección a Arcoíris que se dictaron en junio de ese año, la jueza Ana Carla Menem, a cargo de su caso en la Cámara 4ta en lo Civil y Comercial del Poder Judicial de La Rioja, dictó la “orden de restitución” y privó a Delfina de su responsabilidad parental. Además se la imputó por “impedimento de contacto” y “desobediencia a la autoridad”. El resultado es un panorama donde se dio lugar a una medida contraria a la dictada a nivel nacional.
“Qué garantía le cabe a los otros ciudadanos, a gente que está con niños en la misma situación”. Si este no es un problema de impedimento de contacto, es un problema de abuso. El decreto de una revinculación es contrario de lo que se vino pidiendo, que era la protección de la niña. Lo que tendría que haber hecho la doctora Menem es el rechazo de la medida autosatisfactiva y que se resuelva en otro lado”, aclaró la abogada Cattáneo a este medio.
“Cuando surgen otros casos, uno va viendo el por qué de estas resoluciones que nos pone sobre la mesa otras cuestiones que tiene que resolver la Función Judicial de La Rioja. Es decir: ¿el Consejo de la Magistratura está eligiendo a los jueces que corresponden?”, se preguntó al tiempo que indica que “los antecedentes, de los que tengo amplia prueba y desgravada ante escribano público, no daban” para que la doctora Menem “sea designada como jueza”.
Para la abogada Cattáneo, lo que genera esta situación problemática en la que está involucrada Arcoiris es la irregularidad en el nombramiento de la jueza y “su falta de capacidad”. “Hay letrados muy capacitados para hacerse cargo de la función, como también hay muchas juezas y jueces capacitados que están ejerciendo su profesión. Pero en este caso no”, sostuvo. Luego agregó que en los exámenes de la Justicia Federal la jueza sacó cero de calificación, y en el Tribunal Superior de Justicia no aprobó el escrito y directamente no pasó al examen oral. “Pero se quedaron los diputados de la minoría, sentados, los de la mayoría se retiran, luego vuelven y la designan transitoriamente”, reprochó.
“Es cierto que es un sistema entero que te culpa y que a la vez tiene un montón de recursos para perseguirte: fijate que la Policía de la Ciudad hizo un allanamiento en articulación con la Policía de La Rioja. Todo eso obra en contra de las madres protectoras y de las niñeces”, señaló Macha.
De acuerdo al Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a octubre de 2022 se registraron que 14.424 niñas, niños y adolescentes fueron expuestos a situaciones de violencia sexual. En la mayoría de los casos, un 84,6% de los agresores formaron parte de su ámbito cercano o intrafamiliar.
“Creo que el objetivo cuando pensamos un tratamiento psicológico para una niña, niño, niñe es avanzar en la posibilidad de que esa situación traumática no se lleve puesta su subjetividad, convivir con ese dolor sin que sea todo”, sostuvo Macha desde su perspectiva profesional como psicóloga, es decir que el acompañamiento en infancias sobrevivientes de abuso consista de un trabajo que permita transitar el trauma pero necesariamente requiere de articulación con la Justicia.
En paralelo, febrero marcó un antecedente crucial: la condena a prisión perpetua para la progenitora Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, por el homicidio y abuso de Lucio Dupuy en La Pampa. El niño tenía cinco años, vivía con la familia paterna hasta que la jueza Ana Clara Pérez Ballester desoyó sus denuncias y le otorgó la tutela a su progenitora, quien luego de ser partícipe de reiterados ataques terminó con su vida. Los patrones en los casos de violación se repiten: denuncias que no llegan a ningún lado, y las fallas del sistema que entrega a las niñas y niños con sus agresores y agresoras.
Resulta ofensivo más que contradictorio que mientras se busca sancionar la Ley Lucio para prevenir casos de violencia en infancias y capacitar funcionarios y funcionarias, la Justicia por otro lado pretende reubicar a niños y niñas como Arcoíris con sus entornos violentos. Entonces, ¿de qué forma se explica el ensañamiento del Poder Judicial? Y frente a ello, ¿qué medidas y amparo tienen las familias y madres protectoras?
“Yo creo que el ensañamiento del Poder Judicial tiene al menos dos líneas. La primera: el concepto idealizado de familia, que frente a cualquier situación se puede reconvertir. Pero cuando hay abuso y violación se rompen los lazos. Lo más sano es separar a esa familia y no intentar por todos los medios que se vuelva a unificar. Cuando los niños, niñas y adolescentes expresan que no quieren estar en un lugar, que no quieren ver a su progenitor o determinada persona, obligarla desde el Poder Judicial a que lo haga es tortura”, respondió Macha.
«En el caso de Arcoíris lo que también sucede es que el abuelo paterno, acusado de abuso sexual, es parte del Poder Judicial, tiene un cargo ahí», visibilizó la diputada nacional. Vergara es director de despacho de justicia en la Secretaría de Justicia del Gobierno de La Rioja y tiene contactos con el poder político y judicial provincial, y algunos en el Tribunal Supremo de la provincia.
Redes para re-formar
Hace un año, Delfina y Arcoíris también estaban en Buenos Aires. Exactamente un 22 de febrero, como el día en que fueron defendidas por agrupaciones feministas y de defensa de las infancias, Delfina participó de la Primera Mesa Nacional en el Congreso contra los abusos sexuales en las infancias y adolescencias. Allí contó su historia.
“Es a partir de otras madres protectoras que conozco a Delfina. Me involucro cuando empiezo a contactarme con distintas madres y organizaciones, porque significó un tema muy visible para mí. Empecé a encontrarme con ellas, con las problemáticas que están atravesando y lo devastador que es para ellas atravesar estos procesos judiciales larguísimos donde además se las criminaliza”, recordó Macha. Escuchar el testimonio marcó su postura.
Es sabido que cuando hablamos de feminismos se destacan los roles de cuidado en los vínculos y frente a las situaciones de violencia. En este caso hubo una mamá protectora que tuvo que salir a enfrentarse con jerarquías, pero también una muralla que la contuvo y que impidió que la separaran de su hija. Sin embargo, son tareas que requieren de los movimientos pero que a la vez trascienden de éstos. Sino alimentamos ese dónde están las feministas que le exige a las agrupaciones lo que la justicia no puede. Entonces, ¿cómo nos protegemos? La respuesta es con perspectiva de género.
“Creo en las redes feministas. Que podamos visibilizarlo, problematizarlo, tomarlo fuertemente desde el feminismo popular. Pero también haciendo un trabajo en formar con esta perspectiva no adultocéntrica ni racista a profesionales, psicólogos, trabajadores sociales aquellos que van a estar en el Poder Judicial”, aseguró Macha.
“Siempre se pueden mejorar pero hay leyes muy buenas que dan cuenta de un paradigma en Derechos Humanos como la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) que además pone a las infancias y que sus testimonios no se pongan en cuestión. Si un niño lo está planteando es porque es así. Pero también tenemos leyes malas: como la de impedimento de contacto (Ley 24.270) por ejemplo, que termina criminalizando a las madres. Es una ley que estamos intentando derogar porque frente a una situación de abuso, muchas veces dan lugar al progenitor y a la revinculación forzada”, detalla.
“Una de nuestras peleas en la reforma judicial feminista tiene que ver con la modificación de esa ley de impedimento de contacto. Cuando pensamos cuál es el efecto del Poder Judicial tal y cual lo conocemos en nuestras vidas tiene que ver con esto: que esa formación nos permita deconstruir un sistema tan nefasto como es el patriarcado, que no es un ente aislado sino que se juega en nuestra realidad cotidianamente”, finalizó la diputada nacional.
Ante cualquier situación de vulneración en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Línea 102 y la Línea 137 brindan un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada. En casos de violencia de género también podés comunicarte con la Línea 144, que funciona en todo el país.
