Una beba de tres meses, hija de una pareja en situación de calle, murió en la madrugada de este viernes. El SAME llegó pasadas las cinco de la mañana hasta la ranchada ubicada sobre la Avenida Paseo Colón, a metros de la Casa Rosada, cuando ya no tenía signos vitales. El Gobierno porteño, en un comunicado, informó que la familia había sido censada en 2019 y que desde entonces recibía asistencia del Programa Buenos Aires Presente (BAP), pero las organizaciones sociales que trabajan la problemática igualmente responsabilizaron a las autoridades de la Ciudad. “Sabemos muy bien quiénes son los responsables de esta muerte”, denunciaron en diálogo con El Grito del Sur desde la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (APDSC).
Las causas del fallecimiento recién se conocerán a partir de la autopsia. La investigación fue impulsada por la Fiscalía Criminal y Correccional 10, a cargo de Luis Vismara, como “muerte dudosa”. Según informó el Ejecutivo porteño, “los padres contaron que la beba, cuando se despertaron, no respondía a estímulos” y luego de constatar que no respiraba, acudieron a los agentes de la Policía Federal que custodia la Rosada y a efectivos de la comisaría 1D de la Ciudad. El SAME llegó enseguida, pero “no se pudieron hacer maniobras resucitatorias (SIC)”.
La explicación de las autoridades porteñas no conformó a las organizaciones. “Informan que es una muerte dudosa. ¿Dudosa para quién? ¿Quién puede dudar de la mentira de los censos, del desprecio constante, de la criminalización de la pobreza, del machismo y del racismo y del clasismo de las políticas y actos del Gobierno porteño?”, reclamaron desde la APDSC.
El comunicado del Gobierno porteño, en tanto, ahondó en que la familia “se encontraba pasando la noche en la zona del Ministerio de Economía sin muchas pertenencias personales”, en que ya había sido censada en 2019 y en que desde entonces “se había comenzado a gestionar el subsidio habitacional”, sin éxito.
El Ejecutivo también precisó que la familia en cuestión estaba compuesta por personas provenientes de Quilmes y con origen en la provincia de Tucumán. Además, que “el equipo del BAP ofreció en todo momento incorporar a la familia al sistema de Centros de Inclusión Social, donde familias en situación de vulnerabilidad pueden pasar la noche”, pero tampoco lo logró.
La APDPSC respondió en duros términos y calificó de “cínica” la explicación oficial. “Vienen de las provincias, recibieron asistencia, estaban tramitando subsidios, etc. Es confesión descarada del desprecio por nuestro origen, de asistencialismo infame, de demora inhumana que provocan en el acceso a los derechos. Entonces, qué duda cabe, sabemos muy bien quiénes son los responsables de esta muerte, y no hay descargo en el que puedan esconderse”, afirmaron.
Si bien no se conocen las causas del fallecimiento, los activistas consultados por El Grito del Sur arriesgan que el cambio brusco de la temperatura de los últimos días pudo haber sido un desencadenante. Muchos relatan que a los comedores llegaron personas sin techo con fiebre. También que hay casos de dengue, algunos ya hospitalizados.
De todos modos, explican, “lo que mata es el abandono del Estado”. De acuerdo al relevamiento sobre muertes de personas sin techo realizado por la investigadora del Conicet y activista Jorgelina Di Giorgio, en la Ciudad fallecen en promedio unas 12 personas en situación de calle por año. A nivel país, entre agosto de 2021 y 2022 (último dato disponible del relevamiento) el número había sido de 70: 14 por “crímenes de odio” y 56 “sin asistencia en el espacio público”, es decir por falta de atención en el sistema de salud o directamente por abandono de persona.
Otro problema es el de los menores de edad. Según informó el Gobierno porteño, durante el censo oficial del año pasado se registraron 21 menores de entre 0 y 14 años en la calle, un incremento del 65 por ciento respecto de 2021. Las organizaciones ya habían detectado más de 800 en 2019, contando los que duermen en centros de atención ambulatorios.
En paralelo, desde la organización Consejería de Vivienda denunciaron que el Gobierno porteño pretendía “desalojar a diez mujeres y sus niñxs de un inmueble del propio gobierno porteño”.
