“Indudablemente si Pieri no fuese lesbiana, no estaría siendo objeto de todo este proceso de persecución”. Aramis Amaris Lascano es contundente. La activista trans y abogada conforma el espacio de acompañamiento que se fue gestando entre profesionales y amigues alrededor de Pierina Nochetti, una trabajadora del municipio de Necochea, activista lesbiana por los derechos LGTBIQ+, artista y madre, que fue denunciada por un hecho que sigue dilatando su juicio y resolución.
Desde 2017, Pierina integró la organización de la Marcha anual del Orgullo, además es promotora (tanto dentro y fuera de su rol laboral) de derechos sexuales y reproductivos a través de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). En su principal empleo se desempeñó dentro del Municipio de la ciudad, en la órbita de la Secretaría de Política y Desarrollo Social. Sin embargo, a fines de 2019 fue desplazada de sus funciones como tallerista de ESI, por lo que comenzó a reclamar su condición a ser recategorizada como el resto de compañeros y compañeras. De 21 personas, sólo Pierina fue registrada en la categoría 1 (correspondiente a funciones de limpieza); el resto figura en categoría 4.
Febrero de 2022. Unos días después de la Marcha del Orgullo, Pierina se encontraba en su lugar de trabajo cuando directivos le pidieron que se acerque. Entonces pensó que el tiempo de lucha por su recategorización había terminado, y al fin lo modificarían. Se acerca a la oficina pero la atienden en un pasillo. Eso le resultó extraño. Hasta que le muestran un expediente que sí o sí tenía que firmar. En ese momento lee por primera vez la denuncia: la foto, la pared, la presunta pintada. Días después llega la notificación de la Justicia de que la Directora de Educación, Mariela Cellerino (su empleadora), en complicidad con otras autoridades, le iniciaron un proceso penal por el delito de “daño agravado” hacia un “patrimonio histórico”.
“El proceso penal se basa en un hecho que presuntamente fue cometido en el mes de febrero de 2022 sin precisar el día y la hora”, detalla Aramis Amaris en diálogo con El Grito del Sur al tiempo que señala la inexactitud de la denuncia. “El día 16 de febrero de 2022 María Sol Castrillón, una abogada que integraba la Secretaría de Política y Desarrollo Social del Municipio de Necochea, realizó una denuncia penal por el delito de daño agravado (art. 184 inciso 5to del Código Penal). Allí, señalaba que vio una foto en un portal de noticias de Necochea (Política Necochea, por Rodrigo Lamas) en la cual tres personas habrían realizado un mural ‘no autorizado’ sobre las paredes externas del anfiteatro municipal y que habrían reconocido que una de ellas era Pierina Nochetti. Mural que exclamaba por la aparición de Tehuel de La Torre (con la pregunta ¿Dónde está Tehuel?), joven transmasculino desaparecido en marzo de 2021 yendo a buscar trabajo, pero aún en instancias no esclarecidas por la Justicia”, explica la letrada Lascano. Pared del anfiteatro municipal donde “es habitual encontrar numerosos murales y grafitis”, aclara al tiempo que indica que no existen antecedentes de procesos penales semejantes a éste y basado en dichos supuestos. Una semana después del inicio del expediente, en paralelo en un medio local felicitaron a otro artista por realizar una intervención sobre ese mismo lugar.
Debido a la falta de evidencia audiovisual (sólo se presentó una captura de pantalla de la foto del portal sin fecha ni identificación de la persona que habría registrado el hecho denunciado), la causa fue encajonada. Sin embargo, al tiempo la Municipalidad exigió su reapertura. Desde entonces, la abogada puntualiza que comenzó hacia Pierina un proceso que tuvo una expresión penal y otra laboral-administrativa.
“El procedimiento administrativo que sancionó a Pierina como trabajadora, atacó el carácter alimentario de su salario: le descontaron un tercio de su sueldo y la suspendieron por diez días en complicidad con la Directora de Educación, Mariela Cellerino, por supuestamente violar una disposición de una ley provincial (la que regula la relación de les trabajadorxs con los municipios de la provincia de Buenos Aires), que es norma inferior frente a los instrumentos nacionales e internacionales que protegen a Pierina. Esta persecución desconoció en todo momento el rol que ocupa como sostén de hogar y de sus tres hijes y la dimensión colectiva que atraviesa a la lucha por la desaparición de Tehuel”, asegura Lascano.
La investigación penal quedó a cargo del Fiscal José Luis Cipolletti, titular de la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N°1 del Departamento Judicial de Necochea, quien decidió elevar la causa a juicio, a partir de la denuncia penal, principalmente de la captura de pantalla en cuestión y de las declaraciones testimoniales que dieron las trabajadoras del municipio: Mariela Cellerino (Directora de Educación), Paula Faramiñan (Directora General), Marcela Gandur (Subsecretaria Privada) y Sandra Antenucci (Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales). Lascano advierte que tanto Gandur y Antenucci prestaron declaración “espontáneamente”, lo que significa sin el debido control de la defensa de Pierina, quien es representada por el abogado Francisco Arrospide.
Maniobra judicial
Arrospide intentó solicitar el archivo de la causa, pero fue rechazado. Por su parte, fiscal Cipolletti persiguió otra estrategia. “Le ofreció a Pierina en forma extrajudicial, que asuma la responsabilidad penal del hecho y repare los daños causados”, alertó Lascano. “Estas son diferentes formas que tienen los fiscales para presionar a las personas procesadas y anticiparles que un juicio oral y público puede funcionar como un escenario que no las favorezca”, visibiliza.
Pierina no aceptó el acuerdo. Por lo que se postergó su juicio oral hasta que consiguió estipularse para el día 6 de marzo de 2024. Sin embargo, el 27 de febrero de 2024 la artista recibió una notificación: le comunicaron que el juez Ernesto Juliano se tomaría una licencia de su cargo durante cuatro días. “Cuatro días que llamativamente coinciden con la fecha de juicio oral”, señala la abogada.
“La postergación y prolongación que hacen de esta causa injusta continúa generando un daño profundo a Pierina y a toda la comunidad que la está acompañando, con el claro intento de desmovilizarnos. Queremos la absolución urgente para Pierina, que hace dos años está acusada injustamente en una causa totalmente desproporcionada como otros casos conocidos en la actualidad”, reclama Lascano, en una red de contención hacia la artista, a la que se incorporaron agrupaciones y colectivos como Amnistía Internacional, la Colectiva Feminista, Ni Una Menos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Las organizaciones reportan que el Poder Judicial de Necochea desconoce las obligaciones internacionales del Estado en materia de los derechos vinculados a la libertad de expresión, asociación y reunión y participación política, en conjunto con otros derechos humanos. En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) se presentaron para oficiar como veedores de la causa.
“El acompañamiento a Pieri debe expresarse un día como hoy”
La fecha de juicio iba a anteceder al 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina, que conmemora el femicidio de Natalia «Pepa» Gaitán, joven lesbiana que fue asesinada por el padrastro de su novia ese día, en 2010. “Creemos que el acompañamiento a Pieri también debe expresarse un día como hoy, en el cual se recuerda el asesinato de la Pepa Gaitán, como una forma de resistir a las estrategias de silenciamiento y disciplinamiento hacia las personas sexo disidentes”, destaca Lascano.
Por otro lado, desde el gobierno nacional se establecen protocolos de persecución como método para impedir movilizaciones sociales. Entonces, ¿qué lugar queda para marchar? ¿y qué riesgos se corren al hacerlo? ¿Preguntar por personas desaparecidas en democracia es un delito?
“El proceso de criminalización llevado adelante contra Pieri se introduce en un contexto de fuerte cuestionamiento al ejercicio del derecho a la protesta, a las acciones en el espacio público y a las prácticas y discursos de odio contra las comunidades sexo disidentes. Indudablemente si Pieri no fuese lesbiana, no estaría siendo objeto de todo este proceso de persecución”.
Mientras tanto, la familia de Tehuel sigue esperando que la Justicia le proporcione respuestas claras sobre qué pasó con el joven de 22 años que asistió a presentarse a una entrevista laboral en la localidad de Alejandro Korn y jamás regresó. Por el caso, se detuvo a Luis Alberto Ramos (quien lo convocó) y un chatarrero Oscar Alfredo Montes, pero permanecen sin condena.
“Pieri ha dicho que esta causa no es solo para sentar un precedente judicial sino también para enviar un mensaje en un pueblo, para que «no te metas», porque en un pueblo es distinto ser lesbiana, es distinto vivir una vida fuera de la hegemonía”, denuncia su amiga. “Es sentar un precedente de miedo, de señalamiento, de que no hay que acompañar las causas. Vos estás reclamando por una persona trans desaparecida, que salió a buscar trabajo y nunca volvió y que encima un Municipio que no cumple el cupo laboral trans, que no sabe quien es Tehuel y lo llama por otro nombre. La denunciante dijo que la persona pintada decía dónde está Teruel. El fiscal no corrigió nunca. Son pequeñas señales de actores de una sociedad que son indiferentes a los modos en que vivimos y de qué forma podemos morir”.
