Quince años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires con holgadas mayorías legislativas muestran una notable hegemonía de la alianza gobernante. Aunque es necesario analizar en detalle las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para advertir en qué medida cada una de sus políticas contribuyeron al apoyo sostenido del electorado porteño, es indudable que el enfrentamiento con los gobiernos kirchneristas se ha constituído en el eje del discurso y la principal atracción de Juntos por el Cambio. Curiosamente, porque nunca el tema agropecuario había ingresado con tanta fuerza en el debate porteño, el conflicto con los grandes productores agrarios en torno a las retenciones fue vivido en 2008 por un amplio sector de las clases medias como una severa amenaza, el anuncio de un cuestionamiento más global a la propiedad que afectaría todos sus derechos. Desde entonces, una ciudad que siempre había sido reacia al peronismo, se convirtió en el bastión de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner. Tan intenso fue ese vuelco que incluso en 2011 cuando la presidenta fue reelecta, con una diferencia aplastante sobre el opositor más votado, el electorado porteño ratificó el liderazgo de Macri, confirmado como jefe de Gobierno.
La crisis de representación que sacudió al país en 2001 tuvo efectos menos severos en las estructuras políticas tradicionales del interior del país, pero en la Capital amplios contingentes del radicalismo y también del Partido Justicialista quedaron disponibles y fueron atraídos por el discurso cualunquista y antipolítico desarrollado por el macrismo. La creciente polarización con el kirchnerismo permitió también sumar al bando oficialista a otras fuerzas menores, consolidando la mayoría en la Legislatura. Este fortalecimiento político de la alianza oficialista tiene su correlato en el estrechamiento de los lazos con los grandes operadores del negocio inmobiliario y financiero, con los grupos que concentran la oferta de obra pública y con algunas de las instituciones empresarias y profesionales tradicionalmente vinculadas al gran capital. Sin embargo, la representatividad social de la que se ufana el macrismo muestra algunos resquebrajamientos en los últimos años, como lo viene señalando el Frente de Todxs. El importante conflicto de los trabajadores de la salud, las protestas por las deficiencias del servicio educativo, la importante oposición a los grandes proyectos inmobiliarios generada en los barrios y expresada en las audiencias públicas, así como los límites que ha impuesto a estos proyectos, en algunos casos, un Poder Judicial hasta entonces totalmente subordinado al Ejecutivo, son manifestaciones de una nueva situación política.
Los gobiernos de Macri y Larreta han desarrollado algunas iniciativas que han sido bien recibidas por los porteños, como el Metrobús, las bicisendas, la eliminación de barreras ferroviarias o la creación de plazas y paseos en los barrios. Asimismo, habría que contar en el haber del oficialismo, el traslado de la jefatura de Gobierno y otros organismos a la zona sur de la Ciudad, con el consiguiente efecto expansivo y modernizador. Sin embargo, está expansión, lejos de fortalecer el arraigo de los habitantes de menores recursos, produce un efecto de expulsión, como consecuencia de la elevación del costo de la tierra urbana. En una ciudad que mantiene sin sensibles variaciones la cantidad de habitantes desde hace más de 70 años y que expulsa sistemáticamente a los jóvenes y los residentes más pobres, no caben dudas sobre la necesidad de la intervención estatal para la redistribución de las plusvalías generadas por el sostenido avance de la construcción y las mejoras en la infraestructura. No es ese, naturalmente, un tema que se hayan planteado los gobiernos del PRO.
Enfrentado con un peronismo que se impone en la mayoría de las provincias, el gobierno porteño exalta la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo curioso es que esa reivindicación se acompaña del ninguneo del producto más interesante de ese proceso autonómico, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Es fácil de comprender esa actitud. La Constitución porteña, que reconoce como orientación básica el valor de la igualdad, establece claramente algunos principios que el macrismo no podría compartir: fija límites precisos a la especulación inmobiliaria en defensa del espacio público y el interés general, considerando muy especialmente la necesidad de atender las demandas ambientales; establece categóricamente la necesidad de fortalecer la educación pública y el sistema público de salud, atender las necesidades de vivienda de los sectores populares y desarrollar las políticas sociales en general y, asimismo, de acuerdo con la definición del régimen de gobierno como democracia participativa, estimula la participación ciudadana en la propuesta y gestión de las políticas y el control de las acciones de gobierno.
Bastaría con tener presente escandalosos proyectos inmobiliarios como los de Costa Salguero y Punta Carrasco o la ex ciudad Deportiva que, en aras de la construcción de viviendas de lujo y espacios para pocos, violaron la disposición constitucional que garantiza el carácter público de los bordes ribereños, o recordar las insólitas y reiteradas declaraciones de la ministra Soledad Acuña, denigrando la educación pública e injuriando a los docentes, u observar cómo el Pro ha transformado el sistema de comunas en dependencias administrativas que limitan toda posibilidad de participación, para entender que su concepción de la sociedad y la política es muy otra que la expresada en la Constitución porteña de 1996.
Olvidando que nuestra ciudad es también la capital de la República, para enfrentar al gobierno nacional, Rodríguez Larreta exacerba la reivindicación de la autonomía. Por cierto que no podemos caer en la trampa de ser ubicados en la posición contraria, lo que implicaría desconocer a los porteños el derecho a darse sus instituciones y gobernar su ciudad.
En la Constitución de 1996 seguiremos encontrando las orientaciones básicas para construir una ciudad para todos y, además, ese texto puede inspirar hoy un diálogo fecundo con muchos ciudadanos porteños alarmados por el giro autoritario que hoy se expande en la fuerza gobernante. Pero esa propuesta participativa y democrática no puede desarrollarse sino en el marco de un proyecto que encuentre inspiración en las mejores experiencias de los gobiernos kirchneristas, impulse la necesaria coordinación de políticas con el Área Metropolitana, reivindique el federalismo y el proyecto nacional y popular.