El sueño del PRO de una policía propia se habilitó años antes de su llegada al poder, gracias a la última reforma constitucional del ´94. Muy pocos recuerdan que antes de eso, la Ciudad de Buenos Aires era territorio de la Policía Federal Argentina. La Capital Federal no tenía autonomía y fue en ese entonces que la cuestiones jurídicas negociadas en la reforma dejaron abierta una ventana que años después fue aprovechada por Mauricio Macri para impulsar la política de seguridad interna que su partido profundizó en estos 15 años.
La CABA, con la reforma constitucional, pasó a tener plena autonomía. Sin embargo, para crear una fuerza de seguridad a imagen y semejanza de la plataforma propuesta por el entonces nuevo Jefe de Gobierno porteño, Macri, hacía falta aprobar una ley. Esa normativa salió el 28 de octubre de 2008 como Ley 2894, una herramienta que no solo creaba a la Policía Metropolitana, la primera fuerza que respondería de forma directa al Ejecutivo de la CABA, sino que sentaba las bases de una mirada hacia la política de seguridad de todas las personas que pasaran por estas tierras.
La seguridad y el orden público como deberes irrenunciables del Estado, las estrategias de prevención y control del delito, la dotación de poderes de fiscalización y de mando al Ministerio de Seguridad porteño a disposición de la defensa de la propiedad privada por sobre todas las cosas fueron algunos de los rasgos de la primera ley que después conservó la Policía de la Ciudad actual. Pero para entender por qué esta “nueva fuerza” actúa replicando las mismas prácticas de violencia institucional que su predecesora, la Policía Federal y por qué, desde la Metropolitana hasta hoy, las organizaciones sociales como CORREPI denuncian al menos 126 crímenes de gatillo fácil, es conveniente mirar los procesos de conformación y posterior traspaso, es decir, tratar de descifrar parte de su ADN.
No es suficiente con un patrullero inteligente
“¿Te imaginás un patrullero con un sistema de comunicación propio, con cámaras que le permitan saber qué va a encontrar cuando acuda a una emergencia y con computadora a bordo?”, decía la publicidad oficial que lanzaba hace 11 años el patrullero inteligente de la Metropolitana. Las elecciones que ganó la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti en 2007 llegaba con la promesa de un Buenos Aires que iba a estar bueno porque venía “con seguridad gratis” para todos. Pero además, esa seguridad implicaba el manejo de una tecnología de punta a manos de los agentes, el arribo de la vida moderna a las calles porteñas, un paradigma de control y castigo a la altura de las grandes urbes del primer mundo. Así se complementaba la política de seguridad naciente con una política comunicacional que pretendía instalar en la sociedad que esta policía era nueva, que no tenía nada que ver con las demás fuerzas y que además llegaba con juventud y herramientas del primer mundo. No obstante, esa tecnología de punta no impidió que la Metropolitana cometiera, al menos, 25 crímenes con el uso de armas reglamentarias, según el relevamiento realizado por El Grito del Sur para el Mapa de la Policía.
Una manera de buscar los motivos de la letalidad de la Metropolitana y, luego, de la Policía de la Ciudad es analizar cómo el gobierno porteño eligió conformar la estructura y sentar las bases de la política de seguridad.
La Federal nunca se fue
El 5 de febrero de 2010, la Metropolitana empezó a tomar la seguridad interior de algunos barrios de la CABA en las comunas 4, 12 y 15. Todavía actuaban en el territorio la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Hay un video oficial con la presentación en sociedad de esta fuerza donde las marchas militares tienen protagonismo y son reflejo de la búsqueda del PRO de rescatar la épica del heroísmo policial de la oscuridad. Un intento vano de separar esta policía, según él, “creada desde cero” de aquella policía cómplice de la última dictadura cívico-militar.
A poco más de un año, el Jefe de Gobierno anunciaba con orgullo que ya había 300 efectivos en más de 14 barrios y que estimaba tener, al menos, 600 hacia fines de 2011. Se trataba para él de un día histórico para “ayudar a que se recupere la calma, la tranquilidad y que desaparezca el miedo a la inseguridad”.
Pero cuando todo comenzó y definió junto al Ministro de Seguridad de entonces, Guillermo Montenegro, quién encabezaría esta fuerza “nueva” eligió a un personaje duramente cuestionado por los organismos de Derechos Humanos, Jorge Alberto “Fino” Palacios.
“Nosotros estamos convencidos de que Palacios es el mejor Jefe de Policía que podemos contar en este momento, no tengo dudas de ello por conocimiento personal y por haber evaluado las investigaciones que había en su contra”, decía a la prensa Montenegro. Palacios estaba siendo investigado por haber participado en el encubrimiento del atentado de la AMIA, por su conexión con uno de los secuestradores de Axel Blumberg, además había participado en las represiones del 19 y 20 de diciembre de 2001, entre otros. Era parte de los 107 oficiales de la Federal pasados a disponibilidad por el gobierno de Néstor Kirchner debido a sus antecedentes. Lo nombraron jefe un 2 de julio de 2009 y renunció al mes por la presión política y de la sociedad. Para Macri “fue un gesto de grandeza el que ha tenido Palacios, un gesto que lo enaltece. Quiero reafirmar las cualidades, las calidades humanas, profesionales del señor Jorge Palacios”, decía Macri en conferencia de prensa. La estima hacia Palacios, que también había sido responsable de la seguridad del Club Boca Juniors durante su gestión, era patente.
La llegada fugaz del ex Policía Federal, Fino Palacios, a la Metropolitana significó el arribo de ex agentes federales a su estructura, como se cuenta en el Mapa de la Policía. Así, Palacios llevó consigo a decenas de ex agentes de la Federal que continuaron allí, algunos conectados con empresas de seguridad privada. Puede mencionarse, entre otros, a Carlos Kevorkian, Miguel Ángel Ciancio, Eduardo Jorge Martino, Pascual Miguel Mazzeo, Alberto Misurelli, Alejandro Francisco Parodi, Héctor Barúa, Guillermo Galdame, Oscar Insúa, Esteban Adolfo Sanguinetti y Ricardo Raúl Ferrón.
Los sucesores en la jefatura de la Metropolitana que siguieron también tenían antecedentes críticos. Osvaldo Chamorro era el hombre de confianza del Fino Palacios, asumió cuando éste se fue pero duró en el cargo hasta octubre del 2009. Renunció tras ser procesado en una causa de espionaje ilegal en la que también procesaron al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, al «Fino» Palacios y al ex agente federal Ciro James. Eugenio Burzaco, exdiputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, llegó al cargo de Jefe después de haber sido asesor de seguridad del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobich, cuando asesinaron durante una represión policial al maestro Carlos Fuentealba. También había presidido la Fundación PensAr, trabajando codo a codo con Jorge Cirino, exagente del Batallón 601. Además tuvo el mérito de ser quien dirigió la represión y desalojo del Parque Indoamericano el 7 de diciembre de 2010, donde murieron tres personas. En 2015, pasó a ser Secretario de Seguridad porteño.
La Legislatura porteña cuestiona la Metropolitana
La brutalidad de una fuerza conformada, en su gran mayoría, por exagentes retirados de la Federal y la gravedad de las investigaciones por escuchas ilegales (en las que se había procesado también a Macri) generaron un escándalo en la Legislatura porteña, recinto que la había dado a luz. En la sesión del 19 de agosto de 2010 se definió crear una comisión investigadora para efectuar un análisis y recomendaciones acorde a los estándares mínimos en materia de derechos.
“La Ciudad de Buenos Aires vive una nueva crisis institucional en lo que va de su período autónomo de gobierno. Las instituciones tensionadas por la existencia de un Jefe de Gobierno con procesamiento firme por diversos delitos y la imposibilidad de recurrir a otros funcionarios electos para subsanar procesos de acefalía temporal o permanente, hacen que se ponga a prueba todo el funcionamiento del sistema constitucional”. Así comienza el informe pormenorizado de la Comisión que detectó con alarma, entre otras cuestiones, que dentro de la estructura policial 43 de los 52 altos mandos (82%) provenían de la Federal y 9 estaban en el listado de los 107 pasados a disponibilidad por Néstor Kirchner. No solo eso, sino que la gran mayoría de los ingresantes venían de escalafones inteligencia de Federal, es decir, venían de cumplir tareas de inteligencia en esa fuerza. En suma, nada nuevo por estos rumbos.
El traspaso de la seguridad y la creación de la segunda nueva policía
El escándalo de las escuchas ilegales no hizo mella en el crecimiento de las fuerzas policiales porteñas. Macri fue sobreseído y en las elecciones nacionales de 2015 ganó la presidencia de la Nación. A un mes de asumir, el primer acto político fue consignar en papel un convenio de traspaso total de la seguridad interior de la CABA a las fuerzas porteñas. Es decir, que todas las demás que aún actuaban en el territorio de la Ciudad se retiraran y dieran el poder a la policía local. Ese gesto político hacia Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno, fue acompañado de un incremento a tres veces más el porcentual de coparticipación con la excusa de dotar a las fuerzas de todo lo necesario. De un 1,4 %, la Ciudad pasó a recibir un 3,74 % de fondos de coparticipación por Decreto N° 194/2016. Esta suba inusitada del presupuesto generó conflictos políticos y judiciales con la gestión de Alberto Fernández que aún no tienen resolución.
La estructura de la fuerza se preparaba para los cambios del traspaso y ya sonaban campanas de una nueva ley de seguridad en la Legislatura porteña, la Policía de la Ciudad se veía venir.
El jefe del traspaso fue Guillermo Calviño, nombrado jefe de la Federal y excompañero de trabajo del Fino Palacios en el Club Boca Juniors. Fue pasado a disponibilidad por Patricia Bullrich en diciembre de 2016 y enfrentó causas judiciales por coimas de las que resultó absuelto en 2017. En la actualidad integra la cartera de seguridad de Sergio Berni, bajo la gestión de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires como subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior.
El traspaso implicó transferir bienes y recursos de la Nación a la Ciudad. Durante un año convivieron las estructuras de la Metropolitana y la Federal en el territorio de la CABA, lo que generó muchos conflictos hacia dentro de las fuerzas. El 17 de noviembre de 2016, con la sanción de la ley 5688, se creó la Policía de la Ciudad y se fusionó la Metropolitana con una parte de la Federal. Se sentaron, nuevamente, las bases de una nueva política de seguridad para la CABA que tenía un sabor conocido.
Borrón y cuenta vieja
Cuando la Policía de la Ciudad comenzó a desplegarse en el territorio porteño, contaba con unos 26.000 efectivos. Más de 18.000 agentes de la Federal pasaron a la Ciudad, unificándose con unos 7.000 agentes de la extinta Metropolitana. Casi dos años más tarde, en septiembre de 2018, la suma total rondaba los 24.000 policías, debido a las bajas de muchos federales descontentos con la nueva estructura. Es que la Policía de la Ciudad no fue elegida por la mayoría de sus integrantes, muchos se manifestaron en las calles en contra del traspaso obligado a una fuerza que consideraban de menor jerarquía que la Federal.
Uno de los hacedores de la Policía de la Ciudad y cabeza política hasta la actualidad de la fuerza es el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, que salió recientemente en los medios por el escándalo de la filtración de chats de un grupo de Telegram sobre un viaje que compartió a Lago Escondido con fiscales, jueces y operadores políticos.
La estructura prevista para esta “nueva fuerza” sigue los lineamientos de su predecesora: José Potocar (exagente federal de la línea de Calviño, que ahora es funcionario de Berni) renunció a los 5 meses de asumir la jefatura por una causa de asociación ilícita y cobro de coimas. Después de meses de acefalía, asumió Carlos Arturo Kevorkian, otro de los policías pasados a disponibilidad por Kirchner que dirigió, el 18 de diciembre de 2017, la represión a la protesta por la reforma previsional. No se saben los motivos de su renuncia, pero el 18 de agosto de 2018 abandonó el cargo. Finalmente, tras meses de acefalía (donde la dirección de la fuerza fue ejercida de hecho por D´Alessandro) lo tomó el actual Jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard, otro exagente federal de la línea de Calviño que también participó de la represión a la protesta de la reforma previsional en 2017.
La cúpula de la Policía de la Ciudad, como fue la de la Metropolitana, así como la gran mayoría de sus integrantes tiene una relación directa con la estructura, prácticas e historial de violencia institucional de la Policía Federal. La existencia de una nueva ley que plantea un nuevo paradigma donde la modernidad y el mayor control del Ministerio de Seguridad hacia la policía porteña no demuestra, en los hechos, ninguna diferencia. La realidad es que los mecanismos de control y transparencia de las acciones de la policía no están al alcance de la ciudadanía. No existe ninguna herramienta que permita conocer cuáles son los expedientes y las acusaciones que existen contra las fuerzas, por ejemplo, en la Oficina de Transparencia y Control externo. No hay datos claros acerca de los mecanismos que disponen las sanciones disciplinarias o se hace seguimiento a los agentes acusados, por ejemplo, en casos de torturas e incluso aquellos procesados por causas de gatillo fácil. Hay, también, un hermetismo absoluto en el Poder Judicial de la Ciudad para los pocos casos que llegan a ser investigados en ese ámbito. Si esta es la policía del futuro, al alcance de nuestras manos, la policía de la comunidad, ¿por qué lo único que revela es su hermetismo?
