Una de las postales más duras de la Ciudad de Buenos Aires es seguramente la de personas y familias durmiendo en portales, recovas, ranchadas bajo autopista, estaciones, guardias de hospitales o plazas. En la ciudad más rica del país, con un presupuesto aún mayor al de algunas ciudades europeas, que en 2023 será de 2 billones de pesos, no sólo se profundizó la desigualdad, sino que aquellos que más la padecen están por fuera de las estadísticas oficiales y la política pública no los contiene. Y si puede, los reprime.
La propia Dirección de Censos y Estadísticas porteña reconoce una pobreza multidimensional en la Ciudad que afecta al 21,7 por ciento de la población. Todos los parámetros son peores en las comunas del sur: mortalidad infantil, deserción escolar, desempleo. Con un territorio de apenas 200 kilómetros cuadrados, y una población que hace décadas sigue siendo de tres millones de personas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene al menos medio millón de personas en emergencia habitacional, más habitantes (cada vez más inquilinxs) en villas y asentamientos, más familias con sentencia de desalojo, más hoteladxs, más inquilinxs, más expulsadxs por un proceso de gentrificación que es la contracara del negocio de especulación inmobiliaria.
Excluir a los sectores populares del derecho a la ciudad, y a la ciudadanía, consolidar una ciudad para pocos, es un concepto de gestión en los gobiernos de Macri y Larreta, expresado en recorte de recursos para áreas de políticas sociales, vivienda, alimentarios, empleo, salud, educación, y para programas que deben ocuparse de quienes viven en la indigencia con todos sus derechos vulnerados como son las personas en situación de calle.
En cuatro gestiones consecutivas de jefaturas de gobierno macristas no se resolvió la problemática de personas viviendo en la calle con políticas activas tendientes a la inclusión, a reducir la pobreza y a eliminar la indigencia. Inversamente se desarrollaron acciones de gobierno para eliminar a las personas indigentes a través de la invisibilización y la represión como si se tratara de desaparecidxs sociales.
El subregistro de personas en situación de calle y en riesgo de calle, con cifras mentirosas constantes año a año que contabilizan cinco, seis o siete veces menos al relevamiento de las organizaciones que trabajan en la temática, es uno de los mecanismos para negar la problemática. El otro es la acción represiva sobre familias y personas en situación y riesgo de calle llevada adelante por distintas áreas del Estado de la Ciudad.
Esta grave forma de violencia institucional se puede ilustrar en la tristemente célebre UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) que creó Macri en 2008 para actuar como fuerza de choque en desalojos en viviendas y vía pública, pero reviste otras modalidades que se siguen implementando a través de las fuerzas de seguridad y de agentes del Ministerio de Espacio Público contra personas en situación de calle, sus pertenencias y herramientas de subsistencia.
La calle no es un lugar para vivir. Sin embargo, durante estos quince años de macrismo en la Ciudad, la calle ha sido un buen lugar para organizar la solidaridad y la lucha por los derechos. Así es cómo distintas organizaciones sociales, religiosas, no gubernamentales, culturales, deportivas, de derechos humanos, fueron coordinando acciones solidarias para llevar un plato de comida, ropa, útiles escolares, a personas en situación de calle, y también acciones de protesta como los frazadazos para reclamar al Estado de la Ciudad una respuesta. De esta manera democrática y participativa se construyó la Ley 3706 de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Calle, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, que significó un punto de inflexión como perspectiva de abordaje integral, basada en valiosas experiencias de las propias organizaciones como Proyecto 7, Isauro Arancibia, El Gomero, Asamblea Popular de San Telmo, por mencionar sólo algunas.
Estas mismas organizaciones y muchas otras, junto a organismos de DDHH como CELS, ACIJ, CADH, y organismos descentralizados de CABA como Defensoría del Pueblo, Auditoría General, Ministerio Público de la Defensa, Consejo Económico y Social, realizamos trabajando en red dos Censos Populares a personas en situación de calle en 2017 y 2019. El último dio un resultado de 7251 personas en situación de calle, de las cuales 871 eran niñxs y 40 mujeres embarazadas, muy distante de las 1147 personas que registraba ese mismo año el Gobierno de la Ciudad ese mismo año.
Los datos cuantitativos y cualitativos de los Censos Populares arrojaron valiosa información para conocer el carácter multicausal de la problemática, y las características de la población en esta situación: personas adultas mayores, discapacitadas, niñas/os y adolescentes, mujeres cis y trans expuestas a múltiples violencias en la vía pública. De este modo se realizaron movilizaciones de reclamo para el cumplimiento de la Ley 3706 y se presentaron acciones judiciales de solicitud de amparo que lograron se incorpore al registro del gobierno a las personas en paradores, se conforme una mesa de trabajo con las organizaciones y organismos, se realicen mejoras de infraestructura en los paradores para que sean verdaderos centros de integración en cumplimiento de la ley.
La situación de abandono a las personas en situación de calle se volvió a visibilizar durante la pandemia cuando estalló el contagio de Covid-19 en el Parador de la Villa 31, Barrio Padre Mugica de Retiro, debido al hacinamiento y las deficientes condiciones de higiene y prevención, así como la demora en organizar un modo de vacunación acorde a una población sin acceso a medios informáticos. Ese centro nunca se volvió a abrir, y allí, así como en otros barrios populares como la Villa 1-11-14, Barrio Padre Ricciardelli de Bajo Flores, hay personas en situación de calle que son ayudadas por los comedores comunitarios de los movimientos sociales por ausencia del Estado de la Ciudad que en muchos casos las deja morir en la calle.
No hay en las políticas sociales del Gobierno porteño un abordaje de las personas como sujetxs de derecho, integral: habitacional, de salud mental y consumo problemático, educacional, laboral, que permita dar una salida concreta de la calle. El subsidio habitacional termina siendo una respuesta precaria, las más de las veces se consigue a través de un amparo, otorga montos desactualizados que no se condicen con los costos de las piezas de hotel, y se sostiene por años sin desplegar una respuesta habitacional permanente a través del acceso a la vivienda social. ¿Cuántas viviendas sociales se hubieran podido construir en estos quince años? ¿Cuántas viviendas vacantes hay en la Ciudad que podrían dejar de ser casas sin gente para cobijar a gente sin casas?
Sin dudas es el desafío poder impulsar desde las experiencias de resistencia ciudadana, la unidad y el proyecto colectivo que nos permita gobernar la Ciudad desde una perspectiva de derechos. Construir otro modelo de ciudad, una Ciudad inclusiva, con justicia social, igualitaria, del bien común y el buen vivir para todxs.
