La embestida del PRO al frente del Gobierno porteño con intervenciones urbanas que modificaron la vida diaria de vecinas y vecinos y alteraron la identidad de zonas residenciales generó, a lo largo de los últimos 15 años, la conformación de movimientos barriales en toda la Ciudad de Buenos Aires que demandaron la instancia de participación ciudadana para consensuar los proyectos y que, ante la falta de diálogo, optaron por recurrir a la vía judicial para frenarlos.
Desde la llegada de Mauricio Macri al Ejecutivo, y luego con Horacio Rodríguez Larreta, los conflictos se multiplicaron en los distintos barrios en donde el paisaje fue transformándose a partir de la habilitación de centenares de construcciones en altura, así como con la disminución de espacios verdes que llevaron al distrito a marcar un récord negativo respecto de los estándares internacionales en materia ambiental.
Los cambios impuestos estuvieron avalados por normativas motorizadas por el PRO: en 2008, a través de un veto, Macri eliminó la restricción a la edificación de torres en más de 80 manzanas de Caballito.
En 2018, Rodríguez Larreta modificó el Código Urbanístico para ampliar la capacidad constructiva en todo el distrito porteño, inclusive en los barrios caracterizados por tener casas bajas.
Ambas gestiones impulsaron obras con las que reemplazaron superficies absorbentes por suelos de cemento, como el caso del Parque Lineal del Bajo o el Metrobus de la avenida Paseo Colón, donde destruyeron edificios de alto valor patrimonial y talaron ejemplares de árboles que funcionaban como filtros de los contaminantes urbanos en una zona de alta circulación vehicular.
Con este panorama adverso, vecinas y vecinos preocupados por lo que observaban a diario en las calles de sus barrios comenzaron a juntarse en las plazas y los clubes, mayormente durante los fines de semana, para compartir información y analizar posibles acciones para exigir a la gestión porteña participar de la toma de decisiones.
Fue así como nacieron las agrupaciones vecinales en Caballito, Villa Urquiza y Palermo, tres barrios de los más afectados por un boom inmobiliario que implicó la saturación de torres durante la primera administración macrista, y que hizo colapsar la infraestructura de los servicios como el de energía eléctrica, que registró cortes en el suministro, y el de cloacas.
Las protestas consistieron en marchas, cacerolazos e intervenciones callejeras en las que demandaron que el Gobierno porteño abriera instancias de participación ciudadana en la cuales pudieran manifestar la «opinión sobre las problemáticas medio ambientales, de infraestructuras de planeamiento urbano y patrimoniales».
Ante la falta de convocatoria de los funcionarios, los grupos decidieron abrir la vía judicial y comenzaron a presentar amparos colectivos para frenar «la proliferación de monstruos», en referencia a las torres de cemento que se levantaban por más de 30 pisos, algunos de los cuales tuvieron un fallo favorable, aunque temporario, frente a la especulación de los desarrolladores y las constructoras privadas.
La alternativa judicial también fue adoptada por las organizaciones para defender el patrimonio histórico porteño, como fue el caso de la asociación Basta de Demoler que en 2014 consiguió una orden judicial para detener la obra para la ampliación de la red de subtes impulsada por el Ejecutivo en la Plaza Francia de Recoleta, que suponía excavaciones que dañarían al espacio público creado a inicios del 1900 con diseño de Carlos Thays.
Sin embargo, la alegría por el resultado de la acción colectiva duró poco, ya que el Gobierno local demandó por «daños y perjuicios» por $24 millones a los representantes de esta agrupación en una avanzada tendiente a desactivar nuevos amparos.
Nuevo Código Urbanístico
El 2018 fue un año en el que la Legislatura aprobó la nueva versión del Código Urbanístico, la normativa que regula el tejido, los usos del suelo y las cargas públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las edificaciones que se desarrollen, considerando las condiciones ambientales, morfológicas y funcionales de la Ciudad en su totalidad.
La reforma incrementó la capacidad constructiva en todos los barrios porteños y fue visible, con especial énfasis, en las comunas del norte y oeste, donde la mayoría de las zonas como Nuñez, Villa Devoto, Villa del Parque, Colegiales, Chacarita, Villa Pueyrredón, Bajo Belgrano y Villa Ortúzar tenían la principal característica de tener casas bajas, calles empedradas, acceso a luz solar y bajos niveles de contaminación acústica.
Nuevamente agrupados, apelaron a los legisladores para que dejaran sin efecto los permisos de las construcciones en altura, lo cual obtuvo una respuesta en dos barrios, mientras que los restantes colectivos mantienen a la fecha el reclamo ante el Poder Legislativo y ante funcionarios del área de Desarrollo Urbano, desde donde adelantan resultados favorables a cambio de que no lleven la demanda a la esfera judicial.
Los artilugios para evitar la judicialización de la planificación urbana, no obstante, funcionaron parcialmente en la protesta vecinal por el «Parque Lineal» en la avenida Honorio Pueyrredón, en Caballito, donde una resolución del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario bloqueó por un semestre la obra vial que prevé el cierre de la mitad de los carriles de la traza para la construcción de una «calle de convivencia» peatonal.
También, la administración de Rodríguez Larreta debió cambiar el diseño de la bicisenda proyectada en la Avenida Del Libertador que iba a estar a ambos lados y que, tras dos recursos de amparo elevado por vecinos, quedó de en una sola de las manos de circulación.
