La transparencia como eje discursivo en las gestiones del PRO no representa solo una operación de marketing político con el propósito de diferenciarse de sus antecesores y/o opositores sino también una cuestión identitaria que, sintéticamente, establece una línea divisoria entre lo viejo y lo nuevo. En ese sentido, desde el comienzo, el PRO impuso un eficaz juego binario, que alcanzó su clímax en las elecciones de 2015: “(…) la política vieja/tradicional y la política nueva/sensata que sabe hacer las cosas que mejoran la vida de la gente y las instituciones”.
Sin embargo, cuando la lupa se posa sobre los hechos, las cosas se ven notablemente diferentes. Tanto durante los gobiernos de Mauricio Macri como en los de Horacio Rodríguez Larreta, hubo una constante: la colonización de los organismos de control en el ámbito de la Ciudad, donde generalmente el interés de los medios de comunicación enfoca las acciones de los respectivos gobiernos nacionales.
Uno de los ejemplos más recientes y elocuentes de anuncios de organismos de control que se convierten en cáscaras vacías es el de la Dirección de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, creada a partir de la Ley de Ética Pública Nº4865. Esta fue sancionada el 9 de diciembre de 2013, con el loable propósito de establecer un conjunto de deberes y pautas de comportamiento ético, reglas de incompatibilidades y conflictos de interés, un régimen de obsequios a funcionarios públicos y la imposición de un sistema de presentación anual de declaraciones juradas patrimoniales.
La primera falencia aparece de inmediato: esta dirección que revisa, entre otras cosas, el patrimonio de los funcionarios, se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Legal y Técnica, dentro del Poder Ejecutivo porteño. O sea que el área que debe bregar por promover conductas éticas entre los funcionarios del Gobierno de la Ciudad debe controlar a sus superiores.
Uno de los primeros cuestionamientos poco visibilizados fue el nombramiento como titular de Fernando Javier Rivas, en 2017, por medio del decreto 241, a pesar de que debía ser por concurso. En esa oportunidad, su nombramiento fue cuestionado, mediante un informe, por la Asociación Ciudadanos Libres, que lo calificó como “un funcionario designado a dedo”. Actualmente, Rivas es asesor del PRO en la Legislatura porteña. Su caso fue rápidamente comparado con el de Laura Alonso, quien, a pesar de ser politóloga, conducía la Oficina Anticorrupción a nivel nacional, organismo que debe ser comandado por alguien formado en Derecho.
En los hechos acreditados por la Auditoría General de la Ciudad, en un informe recientemente publicado, el espejo devuelve una imagen sensiblemente diferente a la que pretende proyectar el PRO. En él, se subrayan hechos de diferente gravedad sobre la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública (AALEP) durante el período analizado (2020), a casi una década de su creación:
*La AALEP no contó con estructura administrativa y personal que la asista en el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, recayendo toda la responsabilidad de su cometido exclusivamente en el funcionario designado. Esta circunstancia afectó negativamente su gestión.
*La publicación del listado de declaraciones juradas presentadas y pendientes de presentación en la web oficial del Gobierno de la Ciudad se encuentra desactualizada. Asimismo, no se verifica la publicación de los informes anuales de gestión tal como lo prevé la Ley de Ética Pública.
*Pese a los incumplimientos observados durante el ejercicio bajo examen, la AALEP no efectuó intimaciones fehacientes a los funcionarios que no cumplieron con el mandato legal de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.
*Se han constatado impedimentos para la carga de las declaraciones juradas cuando el funcionario se retira de la gestión y aunque la ley les otorga un plazo para hacerlo luego de haber cesado el cargo, oportunidad en que a ese momento ya no cuentan con usuario y clave válidos por habérselos dado de baja. (…)
* Durante su gestión, la AALEP no sancionó su reglamento interno tal como estaba establecido en la Ley de Ética Pública.
Prueba para personas curiosas: basta con ingresar en el área en que la AALEP carga su información en la web, dentro del sitio del Gobierno porteño, para constatar que no solo designaron a un interventor parcial ni dieron forma a un reglamento interno, sino que la última declaración jurada cargada, disponible a la ciudadanía, es de 2015.
A esto, el informe de la Auditoría General de la Ciudad le añade que “resultaría de suma importancia que las autoridades del Poder Legislativo de la CABA procedan prontamente a designar al titular de la Oficina de Integridad Pública y reglamentar la organización y funcionamiento de esta”.
Sin embargo, esta no es una excepción dentro de los 15 años del PRO en la Ciudad. Los ejemplos en los que hay una distancia insalvable entre el discurso y los hechos sobran. Van desde los contratos que extendía el gobierno porteño de forma directa para financiar a sus aliados, bajo el resguardo del Decreto 556/10, con los que se benefició, entre otros, a La Usina Producciones, la empresa del candidato fallido Fernando Niembro; el pedido de licencia de Martín Ocampo (en lugar de renunciar) cuando pasó de jefe de los fiscales porteños a ministro de Seguridad de la Ciudad; el aporte a las campañas del PRO por parte de los prostíbulos del ex SIDE Raúl Martins, denunciado con documentación por su propia hija Lorena Martins; el descontrol que terminó con el incendio de Iron Mountain, donde se almacenaba información valiosa de numerosas empresas, entre ellas las de la familia Macri; la conformación de la Policía Metropolitana con policías exonerados y el espionaje articulado por Jorge “Fino” Palacios con Gerardo Ciro James como pinche, etcétera.
Desde el PRO, cual bandera, se utiliza un axioma para refutar cualquier idea que los relacione con la ya sistémica corrupción estatal en sus diferentes niveles. Se apoya en la noción de que los partidos considerados tradicionales mantienen una relación viciada con las estructuras del Estado, de modo tal que la corrupción se encontraría enquistada en ellos. Sin embargo, los numerosos casos que acaecieron desde diciembre de 2007 en adelante, componen una matriz, cuyas principales características son: sobreprecios; malversación de fondos; negocios inmobiliarios con tierras fiscales; condonación de deudas a cambio de maniobras políticas; obras otorgadas a empresas vinculadas a funcionarios y al propio Macri y su familia; partidas para apuntalar candidatos en distintos puntos del país; endeudamiento para obras que nunca se hacen; presión extrema sobre jueces y fiscales que no son sumisos y copamiento de los organismos de control.
Haciendo caso omiso de lo señalado, el PRO mantiene tozudamente una línea discursiva en la que se presenta como lo nuevo. Al fin y al cabo, si algo entendieron desde el primero de sus días en el Gobierno era que debían llevar a cabo una escisión entre el discurso y los hechos. O sea, duranbarbismo puro: la imagen como principio y final.
